Un informe médico recientemente divulgado da cuenta de las graves lesiones que presentaba Sara Millerey González Borja, mujer trans de 32 años, al momento de su ingreso al Hospital La María de Medellín.
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El documento detalla múltiples fracturas y signos evidentes de violencia, en el marco de un crimen que sigue sin resolverse y que ha generado amplio rechazo en distintos sectores sociales.
Sara fue hallada el pasado 4 de abril en el río La García, ubicado en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Permaneció cerca de una hora atrapada en la corriente antes de ser rescatada, en un operativo dificultado por la fuerza del agua y la presencia de hombres que, según testigos, pertenecerían a una estructura delincuencial de la zona.
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Un video difundido en redes sociales captó el momento en que varias personas intentaban auxiliarla sin éxito.
La víctima fue trasladada en estado crítico al hospital, donde el parte médico consignó que presentaba politraumatismo contuso por agresión, trauma cerrado de tórax, fracturas costales, lesiones en extremidades con fracturas de huesos largos, además de hipotermia y un episodio de posinfarto.
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Según el personal que la atendió, Sara llegó consciente y pidió a su madre que no la dejara morir. Falleció al día siguiente, tras pasar la noche hospitalizada.
El caso ha sido asumido por la Fiscalía, que aún no ha identificado a los responsables. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos LGTBIQ+ han convocado manifestaciones en Medellín y otras ciudades del país, exigiendo celeridad en las investigaciones. Alegan que este crimen se enmarca en un contexto de violencia sistemática hacia personas trans en Colombia.
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El cuerpo de Sara fue sepultado en el cementerio Jardines de la Fe, en Bello, en medio de un acto masivo de despedida al que asistieron familiares, amigos y activistas.
Allí se reiteraron los llamados por justicia y protección efectiva de la población trans, que denuncia un patrón de vulnerabilidad y desprotección frente a hechos de violencia.
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Y es que, aunque la Constitución reconoce la igualdad de derechos, las organizaciones sociales insisten en que persisten brechas estructurales que impiden el acceso efectivo a la justicia para estas víctimas.
