Un millonario embargo ordenó un juzgado de Barranquilla contra el barranquillero de origen libanés, Alex Naím Saab Morán, quien actualmente ocupa el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela.
EL HERALDO conoció el auto del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, fechado el 13 de marzo de 2025, el cual no solo afecta las cuentas de Saab sino de su exesposa Cynthia Eugenia Certain Ospina.
La decisión del despacho judicial obedece a una demanda que presentó una entidad bancaria en contra de dos empresas en las cuales Saab figura como su representante.
En ese sentido, el fallo señala que se debe “decretar el embargo y secuestro de las sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados Shatex, Jacadi de Colombia, Álex Naim Saab Moran y Cynthia Eugenia Certain Ospina”.
Además se lee que la medida cautelar se limita “en la suma de ochocientos treinta y un millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos con cinco centavos ($831.249.994,05), correspondiente al valor de la liquidación del crédito”.
“Dicha medida deberá ser inscrita siempre y cuando sean montos legalmente embargables y estos no exceda los límites de inembargabilidad conforme al Decreto 564 de 1996 y normas concordantes”, añade el fallo, en el que, además, el despacho judicial odenó que este dinero sea depositado en la cuenta del Banco Agrario de Colombia.
Juzgado ordenó a la SAE devolver a Alex Saab la mansión y otros lujosos bienes
Vale mencionar que el pasado 27 de enero una orden judicial del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla, presidido por el togado Milton Joel Bello Balcárcel, determinó que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, debía devolver al barranquillero los siete lujosos bienes que en el año 2020 fueran ocupados por la Fiscalía en ejecución de una medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, en medio de investigaciones en su contra.
La decisión derivaría de que no se pudo comprobar la hipótesis de irregularidad patrimonial presentada en su momento por el ente investigador en contra del hoy ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) del mismo país.
“De manera que los argumentos y la evidencia presentada lleva a concluir que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que los bienes cuestionados son constitutivos de un incremento económico injustificado”, se lee en el documento.
