El nuevo representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, hará esta semana su primer viaje en el país a la ciudad de Cali y a Santander de Quilichao, municipio que sufrió la semana pasada varios ataques con explosivos.
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“Comenzaré mi trabajo en Colombia viajando a escuchar a las contrapartes de nuestra oficina en Cali y Santander de Quilichao (el lunes y el martes). Me reuniré con representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, defensoras y defensores de DD.HH., organizaciones de víctimas, autoridades del Estado y representantes del sector privado”, afirmó Campbell.
El representante agregó que busca mostrar a estas personas su “apoyo y compromiso para trabajar conjuntamente con todas las personas y procesos organizativos que en Colombia trabajan valientemente por la defensa de los derechos humanos”.
Tanto en el Valle del Cauca como en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, operan varios frentes del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que se dedica al narcotráfico.
“Según el seguimiento realizado por ONU Derechos Humanos, en lo que va de 2025, esta zona del país sigue siendo una de las más gravemente afectadas en materia de homicidios de personas defensoras de los DD.HH., masacres, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y ataques indiscriminados”, expresó esta oficina en un comunicado.
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El pasado miércoles, un ataque con un dron mató a trabajador de una empresa de electricidad y dejó dos personas más heridas en Santander de Quilichao y el jueves murió una mujer en otro atentado perpetrado sobre la Vía Panamericana en Mondomo, también en el Cauca.
De esos ataques el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, responsabilizó a las disidencias de las FARC, de las que dijo que “siguen asesinando civiles”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó estos ataques y urgió a que “se investigue, juzgue y sancione a los responsables”.
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La ONU ha reiterado que la protección de los derechos humanos y el respeto a la vida deben ser ejes centrales en cualquier intento por resolver el conflicto armado en Colombia y ha expresado su apoyo a los esfuerzos del Gobierno por alcanzar una solución negociada, recordando a los actores armados su obligación de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
