La reciente decisión del Gobierno de suspender las operaciones militares contra el Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), grupo disidente liderado por alias Calarcá, ha abierto un nuevo capítulo en el proceso de paz que impulsa el presidente Gustavo Petro.
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Y es que, aunque la medida ha sido presentada como una vía para seguir dialogando, voces como la de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) han alertado sobre el riesgo de que esta pausa termine debilitando los avances alcanzados.
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Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos de Pares, asegura que el cese al fuego que había estado vigente con este grupo fue, hasta ahora, el más prolongado bajo el enfoque de paz total.
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“Este cese ofreció una oportunidad única para la paz en el país”, afirmó en una entrevista con ‘Blu Radio’. La preocupación, dice, está en lo que pueda pasar ahora que se detienen las acciones ofensivas sin que existan aún resultados concretos en la mesa de negociación.
Las tensiones no son nuevas. Regiones como Catatumbo, Antioquia, Putumayo y Caquetá siguen siendo escenario de enfrentamientos, desplazamientos y disputas por el control territorial.
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En esos territorios, donde el conflicto se vive a diario, la suspensión de operaciones puede generar incertidumbre entre las comunidades, sobre todo si los actores armados no dan señales claras de querer avanzar hacia una salida negociada.
Aunque el Gobierno ha expresado su intención de crear un ambiente más propicio para los diálogos, Daza insiste en que no basta con las declaraciones. “La implementación efectiva de los acuerdos y la consolidación de un entorno seguro son cruciales para el futuro de Colombia”, señaló.
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Además, también recalcó que el próximo mes será clave: si los grupos armados no demuestran voluntad real con acciones verificables, el proceso podría verse aún más debilitado.
