La transición energética que el presidente Gustavo Petro ha convertido en uno de los ejes centrales de su mandato fue objeto de un examen crítico por parte de ‘The Economist’. En un artículo publicado recientemente, la revista británica cuestionó duramente los fundamentos, la ejecución y los posibles efectos de la política ambiental y energética del gobierno colombiano, a la que califica como inconsistente y con riesgos a corto y mediano plazo para la economía del país.
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Colombia ha intentado proyectarse como un referente en la lucha contra el cambio climático en América Latina. Como parte de esa narrativa, el gobierno de Petro ha promovido una transición acelerada que implica, entre otras decisiones, la suspensión de nuevas licencias de exploración de petróleo y gas, y el impulso de una ley para prohibir el fracking.
La administración ha sostenido que estas medidas buscan anticiparse a la inevitable transformación del modelo energético global. Sin embargo, ‘The Economist’ advierte que ese enfoque, más allá de su valor simbólico, no ha sido acompañado por un plan técnico y logístico que garantice su viabilidad.
Uno de los principales puntos señalados por el medio británico es el caso del gas natural. Aunque oficialmente el gobierno lo ha excluido de las restricciones más estrictas aplicadas a los combustibles fósiles, bajo el argumento de que será un recurso clave durante el período de transición, las cifras revelan un escenario más complejo.
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Según el análisis, las reservas probadas de gas en Colombia se han reducido de forma sostenida durante la última década, y el país se vio obligado en 2023 a importar gas por primera vez en casi cincuenta años para abastecer la demanda interna. Lo cual, de acuerdo con el análisis del medio, no solo representa un retroceso energético, sino que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del discurso gubernamental.
Desde la planta de procesamiento de Cupiagua, en el noreste del país, se ilustra parte de esta paradoja. Se trata de una infraestructura estratégica para el sistema energético nacional, con capacidad para procesar gas suficiente para millones de hogares. Pero a pesar de su magnitud, la producción que allí se realiza enfrenta crecientes dificultades debido al agotamiento de las reservas cercanas.
En palabras de Francy Edith Ramírez Arroyave, responsable de producción de gas en Ecopetrol, la operación ha entrado en una etapa en la que se intenta aprovechar hasta el último recurso disponible: “Nos estamos esforzando por extraer hasta el último sorbo... Estamos aprovechando al máximo”.
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La decisión del gobierno de frenar nuevas exploraciones ha limitado las posibilidades de compensar esta disminución con nuevas fuentes locales. Al mismo tiempo, ha obligado a buscar alternativas en el extranjero.
El primer intento fue restablecer el flujo de gas desde Venezuela, una idea que, según ‘The Economist’, naufragó debido a problemas técnicos en la infraestructura binacional, además de los obstáculos políticos y comerciales derivados de las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. La imposición de aranceles a los compradores de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos sumó una dificultad adicional al proyecto.
Ante este escenario, el gobierno anunció un nuevo acuerdo para importar gas licuado desde Qatar. Esta decisión, presentada como una solución para garantizar el suministro, implica desafíos significativos tanto en costos como en impacto ambiental.
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Respecto a esto último, la revista británica señala que el proceso de licuefacción y transporte del gas hasta Colombia podría encarecer el recurso hasta tres veces, además de aumentar las emisiones de carbono en comparación con el gas producido a nivel nacional: “Licuar el gas cerca de su origen y transportarlo puede triplicar el precio y aumentar las emisiones en aproximadamente un 50% en comparación con el gas local”.
Estas consecuencias, según el análisis, se alejan de los objetivos climáticos que el mismo Ejecutivo ha proclamado como prioritarios.
Adicionalmente, una aparente contradicción adicional habría ocurrido en diciembre pasado, cuando el gobierno celebró el hallazgo de un nuevo yacimiento de gas en el Caribe, considerado el más grande en la historia del país.
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Aunque el descubrimiento se hizo bajo un contrato de exploración firmado antes del actual mandato, la administración destacó su potencial para triplicar las reservas nacionales.
No obstante, el mismo gobierno ha reiterado su negativa a reactivar la expedición de nuevas licencias, una postura que —a juicio de The Economist— pone en duda la voluntad real de sostener el sistema energético mientras se completa la transición.
El artículo también hace referencia a una intervención del presidente Petro durante un Consejo de Ministros televisado, en el que lanzó críticas al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
En esa ocasión, el mandatario utilizó cifras que, según el medio británico, no reflejan con claridad la situación real del sector. Roa, por su parte, ha insistido en que la estrategia de la empresa sigue siendo activa en términos de exploración, pese a las restricciones impuestas por el Ejecutivo.
El análisis señala que, mientras las fuentes nacionales de gas siguen en descenso y la infraestructura para importación está en manos de actores privados como SPEC, el país enfrenta un riesgo creciente de desabastecimiento o dependencia externa. Esto, según la publicación, podría traducirse en aumentos de precios y presión sobre las finanzas públicas y privadas. Las industrias y los hogares ya han empezado a sentir las consecuencias, especialmente ante la falta de mecanismos que amortigüen los efectos del cambio de modelo.
En su conclusión, The Economist advierte que, si bien las intenciones del gobierno colombiano podrían estar alineadas con los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones, su implementación presenta serias debilidades. Pues, sin un enfoque técnico que permita equilibrar la protección ambiental con la seguridad energética, y sin una hoja de ruta clara para reemplazar los recursos actuales, la transición que propone el presidente Petro corre el riesgo de desarticular el sistema productivo sin alcanzar los objetivos ecológicos anunciados.
