La Procuraduría le pidió a la JEP en un documento de casi 40 páginas condenar directamente y no solo por “mando” a los ex-FARC ante la comisión de delitos contra menores de edad como el reclutamiento forzado y contra mujeres como la anticoncepción violenta.
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El Ministerio Público solicita en este sentido modificar la imputación contra los antiguos integrantes del extinto Secretariado de las FARC, enfatizando en la participación directa y sistemática, además, en actos de violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas
El ente de control disciplinario advierte en este sentido que dichos delitos no deben ser atribuidos únicamente bajo el concepto de “responsabilidad por mando” u “omisiva”, ya que considera que los altos mandos de la guerrilla promovieron una política deliberada para ejercer control absoluto sobre los cuerpos y la sexualidad de los menores que integraban sus filas.
“Los seis exmiembros del secretariado fungieron como autores mediatos de una política de coerción física y psicológica contra niños y niñas, dirigida a ejercer un control absoluto sobre sus cuerpos, su intimidad y su sexualidad”, se lee.
Agrega la Procuraduría, frente a lo dicho por los ex-FARC acerca de que tales crímenes eran castigados severamente, que “no existe evidencia que demuestre consejos de guerra por estos hechos; lo único que hay son menciones superficiales y poco fiables”.
Frente a la violencia reproductiva, indica el Ministerio Público que las niñas guerrilleras, muchas de ellas vírgenes, eran obligadas a usar métodos de planificación forzada desde edades tan tempranas como los 12 años: “El carácter forzado y violento de la práctica de anticoncepción debe analizarse junto con las violaciones que se cometieron”.
Y además puso de presente el organismo de control que se registraron otras prácticas atroces al respecto, que tenían que ver con el asesinato y desaparición de recién nacidos de mujeres guerrilleras: “Sus hijos nacieron vivos y posteriormente fueron asesinados (…), una conducta de esta gravedad no puede quedar impune”.
Y también pide la Procuraduría que se amplíen las responsabilidades hacia otros exlíderes de la guerrilla, como Rodrigo Granda, quien no había sido incluido inicialmente.
La semana pasada la JEP reportó que concedía un mes de plazo a los ex jefes de las extintas FARC para que reconocieran reclutamientos de menores y otros crímenes.
Se trata de seis exintegrantes del último Secretariado de las FARC, imputados como máximos responsables por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
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Estos ex-FARC tienen 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad ante la JEP. El plazo se cumple el próximo 21 de mayo.
“Se trata de Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo, quienes fueron imputados en el Caso 07 por el reclutamiento de niños y niñas y otros crímenes de guerra cometidos en la vida intrafilas, como malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio”, se lee.
El tribunal de paz indicó en este sentido que la Sala de Reconocimiento de Verdad, a través del Auto 05 de 2024, los llamó a reconocer responsabilidad penal individual por cuatro patrones macrocriminales.
Estos cuatro patrones corresponden a reclutamiento y utilización de niñas y niños, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en el marco de la vida intrafilas; violencias sexuales y reproductivas contra niñas reclutadas y violencias basadas en prejuicio contra víctimas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas.
