El presidente Gustav Petro presentó a la Corte Constitucional una tutela en contra de la decisión del Consejo de Estado, que le dio potestad al Consejo Nacional Electoral, CNE, para investigar las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña del hoy jefe de Estado.
La solicitud llegó al despacho del magistrado Vladimir Fernández, quien fue secretario jurídico de la Casa de Nariño al inicio del mandato de Petro.
De acuerdo con el mandatario, la decisión del Consejo de Estado vulneró sus “derechos fundamentales al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional”.
Renglón seguido, Petro aseguró que la decisión del Consejo de Estado de permitirle al CNE investigar su campaña ha causado “un caos jurídico que connota el inminente riesgo de afectar la estabilidad institucional del país; y cuya decisión fue adoptada de manera arbitraria y con abuso de la competencia otorgada a la Sala de Consulta ya referida”.
Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, que suman 3.709.361.342 pesos (unos 878.000 dólares).
Esos aportes los hizo la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO), ni de gastos por concepto de pago a testigos electorales y de propaganda, entre otros.
Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, presuntamente violó también «el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos (unos 389.541 dólares de hoy)».
