En la mañana de este miércoles 2 de abril se conoció una denuncia por parte de funcionarias del Congreso de la República, quienes a través de mensajes indicaron que son víctimas de acoso sexual dentro de la institución. Aseguraron que tras dos años de la implementación del protocolo para prevenir y atender estos casos, este no ha sido efectivo.
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Los mensajes, que fueron escritos con lápiz labial en los espejos de los baños del Congreso, denuncian: “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato”, “los que protegen a Jere me acosan a mí”, “la sororidad les quedó en discurso”, “rompimos el silencio y nada pasó”. Todos los mensajes van acompañados de la etiqueta o hastag #DenunciaInsegura.
Una de las denunciantes de estos casos fue la exfuncionaria Tania Acero, quien aseguró haber sido víctima de agresión sexual, y aunque lo denunció y se acogió al protocolo del Congreso, no recibió apoyo ni acompañamiento legal. Incluso, el presunto agresor continúa laborando en el Capitolio.
De igual manera, la denuncia de varias mujeres contra funcionarios del Congreso fue hecha a través de un comunicado, que especifica la situación que viven, la respuesta por parte de las autoridades y el caso de la exfuncionaria Acero, quien tuvo que renunciar para no continuar compartiendo el mismo espacio con su agresor.
“A pesar que en diciembre de 2024, Tania Acero, exfuncionaria del Congreso denunció por agresión sexual ante la Fiscalía y realizó la ruta indicada por el protocolo Integral para la Prevención y Orientación Institucional frente a Conductas de Violencia Sexual en el Ámbito Laboral y Contractual del Congreso, su victimario Juan Camilo Díaz, continúa trabajando como fotógrafo oficial de la Cámara de Representantes, contrato que fue renovado posterior a la denuncia”, se lee en el comunicado.
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Asimismo, las funcionarias aseguran que el caso de Tania Acero “evidencia las fallas del sistema”. A pesar de la denuncia pública, la mujer se vio obligada a renunciar por la presión psicológica de seguir compartiendo su entorno laboral con su agresor. Su historia, compartida en redes sociales, despertó una ola de testimonios de otras funcionarias del Congreso que afirmaron ser víctimas de acoso y violencia sexual, pero que no denuncian por miedo a represalias y falta de garantías.
“Denunciar sigue siendo un riesgo para las mujeres en el Congreso, pues la existencia de un protocolo que no garantiza protección a las víctimas, ni sanción a los victimarios, lo convierte en un lugar donde la impunidad y el silencio son la respuesta institucional ante la violencia sexual”, añade el comunicado.
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La denunciante Tania Acero afirma que: “La ruta de atención se quedó en el papel. Desde que denuncié en diciembre de 2024, sólo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras, y no he tenido ningún acompañamiento psicológico. Se supone que deben brindarme protección, pero en la realidad aún falta mucho para que cumpla su propósito”.
