La Defensoría del Pueblo envió la Comisión Séptima del Senado de la República un documento en el cual expresa algunas preocupaciones sobre la reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.
En el texto, enviado a la senadora conservadora Nadia Blel, presidenta de la célula legislativa, la entidad hace reparos a la sostenibilidad fiscal del proyecto.
“Sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma. Como se dijo, no están claros los mecanismos que garantizan la sostenibilidad fiscal de la reforma y, por consiguiente, del derecho a la salud”, se lee.
Además, el documento agrega que: “en el proyecto de ley se prevea que el Departamento Nacional de Planeación deberá realizar un informe que cuente con un diagnóstico acerca del costo de la reforma propuesta y de la capacidad del Estado para asumirlo y con la identificación de los mecanismos, fuentes y esquemas de financiación para el funcionamiento del nuevo sistema”.
Renglón seguido, con respecto al proceso de transición, la Defensoría aseguró que “existen dudas sobre si los dos años establecidos para la transición son suficientes para que el cambio se dé sin traumatismos”.
“El plan de transición debe establecer los mecanismos para garantizar la eficacia de las reclamaciones, de las acciones de tutela y otros recursos para garantizar el derecho a la salud”, indicaron.
Además, la entidad lanza alertas sobre la gran responsabilidad que tendrá la Adres de aprobarse el articulado.
“El presupuesto de salud en 2025 es de cerca de 100 billones de pesos y en los escenarios de la reforma, la Adres podría pasar a manejar más de 150 billones en 2034. En materia operativa, la reforma puede terminar siendo nociva para la garantía del derecho”, señalaron.
“La crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos. No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad. Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud”, concluyeron.
