En la noche de este viernes se conocieron las que serían las once preguntarias que estarían en consulta popular que fue convocada por el Gobierno de Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma laboral.
El artículo 103 de la Constitución colombiana señala que la consulta popular es uno de los siete «mecanismos de paticipación del pueblo en ejercicio de su soberanía».
Según la Ley 134 de 1994, que reglamenta estas mecanismos, la consulta popular es «la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, se somete por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto».
En este mecanismo, las preguntas que se formulen deben estar redactadas de la forma más clara posible para que los ciudadanos respondan ‘Sí’ o ‘No’.
El cuestionario, según la emisora capitalina Blu Radio sería el siguiente:
- ¿Está usted de acuerdo con la eliminación de los contratos de prestación de servicios?
- ¿Está usted de acuerdo con los contratos a término indefinido?
- ¿Está usted de acuerdo con un contrato formal para los aprendices del Sena?
- ¿Está usted de acuerdo con las licencias temporales sin que se afecte el salario cuando se trate de dolores menstruales?
- ¿Está usted de acuerdo con acabar con la tercerización laboral para favorecer la estabilidad laboral?
- ¿Está usted de acuerdo con el aumento de la licencia de paternidad de dos a doce semanas?
- ¿Está de acuerdo con establecer regulaciones para los trabajadores de plataformas digitales con el fin de garantizar más derechos laborales?
- ¿Está de acuerdo con que la jornada nocturna comience a partir de las 6 de la tarde?
- ¿Está de acuerdo con que se pague el 100 % de los domingos y festivos?
Desde que se estableció la consulta popular en la Constitución de 1991, este mecanismo sólo se utilizó una vez, en 2018, cuando los colombianos acudieron a las urnas para votar una consulta anticorrupción promovida por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.
Esta propuesta buscaba, entre otras cosas, reducir el sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganaran más de 25 salarios mínimos legales vigentes y la posibilidad de que los corruptos tengan pena de cárcel, así como el prohibirles volver a contratar con el Estado.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó entonces que la consulta anticorrupción no superó los 12,1 millones de votos necesarios para que fuera vinculante, pues sólo participaron un total de 11.674.951 personas que representaban el 32,05 % del censo electoral de entonces en el país.
