El presidente Gustavo Petro ha salido al paso de las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña política, denunciando lo que considera una persecución sistemática desde el inicio de su mandato.
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En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Petro desmintió categóricamente cualquier irregularidad en la reunión política realizada en Barranquilla el 10 de septiembre de 2021, mucho antes del inicio oficial de las campañas electorales.
“En ninguna investigación ha aparecido un solo peso ilícito”, enfatizó el mandatario, quien aseguró haber financiado gran parte de los gastos con su propio salario. Señaló además que la reunión era un “acto político público” amparado por derechos constitucionales fundamentales.
“El acto de la P en Barranquilla que, hice con Benedetti, es una reunión política pública a la que tengo derecho fundamental. Se hizo el viernes 10 de septiembre del año 2021. Ojo, otra vez lo repito, el 10 de septiembre del 2021 no es fecha de ninguna campaña electoral. Ni siquiera de Congreso de la República. Aunque una tarima y un equipo de sonido cuestan, su financiación no fue ilícita y puse la mayor parte del dinero de mi salario”, aseguró.
El presidente acusó de “sectarismo” al Consejo Nacional Electoral (CNE), institución que, según sus declaraciones, demoró injustificadamente el reconocimiento jurídico de su partido “Colombia Humana”, a pesar de haber obtenido 8 millones de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018.
“Por el gran sectarismo de la politiquería del CNE no se le dio personería jurídica a “Colombia Humana”, a pesar de haber pasado a la segunda vuelta presidencial en el 2018, con 8 millones de votos, y tener senadores, yo mismo fui senador entre el 2018 y el 2022 en virtud de ese resultado. Tener senadores es el requisito para que un partido tenga personería jurídica y financiación, pero solo el CNE concedió nuestro derecho político, tambien fundamental, hasta el 16 de septiembre del 2021 cuando se nos otorgó la personería jurídica; por tanto tuve qué acudir a mis recursos personales y a apoyarme en personas que pusieran algo para la reunión politica en la plaza de la Paz en Barranquilla. Nada por tanto es ilegal”, enfatizó el mandatario.
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Además Petro fue más allá y denunció lo que califica como un “golpe institucional” orquestado desde la Fiscalía, vinculando estas acusaciones con redes asociadas al narcotráfico que, según él, han mantenido en la impunidad casos como el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
“En cambio si se ha juzgado inconstitucionalmente al presidente de la república, buscando con desespero un golpe institucional, ahora se hace desde la fiscalía y por los fiscales amigos de la junta del narcotráfico que dejaron en la impunidad el asesinato del fiscal Pecci”, escribió.