El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, instaló este jueves la mesa de trabajo de la UPC 2025, ordenada por la Corte Constitucional al declarar la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, es decir los recursos que les entrega el Estado a las EPS por cada persona afiliada al sistema de salud.
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“Este es el tribunal de la verdad de la salud, no es para que nos digan solamente ‘hay que aumentar tanto’ o ‘no hay que aumentar tanto’, sino donde la Contraloría y la Fiscalía nos ayuden a conocer la verdad”, dijo el funcionario desde la sede de la cartera de protección social.
“Aquí están Contraloría y Fiscalía y queremos que revisen las denuncias que hemos hecho. (...) La misma Contraloría ha dicho que tiene abiertos 522 procesos de responsabilidad fiscal por $11 billones por malos manejos de dineros de la salud”, advirtió.
En este sentido, reconoció que “hoy el sistema está colapsado: cuando ya no ven el negocio comienzan a irse. Audifarma cogió la plata, no pagó a los deudores pero construyó una edificación con esos recursos, o Coosalud que se hizo autopréstamos”.
Señaló además que el ente de control fiscal estableció que hubo “excedentes operaciones” con los recursos de la UPC en 2020 de $6 billones, en 2021 de $3 billones y en 2022 de $1 billón.
Afirmó Jaramillo que en 2023 hubo 17 reuniones con las EPS, entre ellas algunas para tratar el tema de la UPC, y que en 2024 hubo 22 reuniones y mesas financieras.
No obstante, cuestionó, “para 2025 la información que nos daban las EPS no era consecuente con la que teníamos nosotros; (...) encontramos un aumento en gastos de $14 billones que subió a $24 billones, habiendo solo subido el número de afiliados un 10%; un incremento de las frecuencias del 64% que no tiene ninguna lógica; (...) unos precios de procedimientos que uno no entiende, un catéter de $300 millones”.
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Por ello, aseveró el ministro, “cuando cogemos todas las EPS hay una diferencia de $3 billones en los costos de suficiencia versus los costos reportados por las EPS, (...) se quedan con las reservas técnicas, las meten en gastos y después las liberan”.
Precisó que incluso los gobiernos anteriores fijaron la UPC por debajo de la inflación en seis oportunidades y por la misma razón: las inconsistencias en el reporte de las EPS. “Cuando no se llega a un acuerdo en la UPC lo mínimo para fijarla debe ser la inflación, y nosotros estuvimos por encima de la inflación”, sostuvo.
Y frente a las órdenes que emitió la Corte Constitucional, criticó el ministro de Salud, “habíamos pedido una solicitud de aclaración porque la Corte Constitucional no es la competente sino el Consejo de Estado, que ya nos dio la razón previamente. (...) Entonces preferimos no enfrentar más a la Corte, estamos buscando otros mecanismos”.
La Corte Constitucional ha ordenado pagar lo que les debe el Gobierno a las EPS por presupuestos máximos –lo que paga el Gobierno a las EPS por servicios y tecnologías en salud- y mejorar el sistema de cálculo de la UPC.
Pero de acuerdo a la información que se ha conocido en los medios, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al parecer ignoró un estudio de un equipo interno que le daba la razón al alto tribunal frente a la insuficiencia de la UPC y habría salido de la cartera de protección social parte de ese equipo y habría sido reubicada otra. Los funcionarios y exfuncionarios, que llevaban algunos una década haciendo este cálculo, concluyeron que para 2025 la UPC debía aumentar entre un 10 y 14%, pero el Ministerio solo subió un 5,4%, argumentando que los datos entregados por las EPS para calcular la UPC de este año eran de baja calidad y tenían inconsistencias.
El alto tribunal dispuso revisar la UPC del año 2024 y evaluar eventuales rezagos en los valores fijados para las vigencias 2021, 2022 y 2023. Y dijo que esta servirá “como un espacio de análisis y contraste de información” para “contar con insumos técnicos para la determinación de la suficiencia de la UPC”.
Esta mesa quedaría conformada por los ministerios de Salud y Hacienda, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Superintendencia de Salud, las EPS e IPS, así como las agremiaciones que las reúnen, las agremiaciones de pacientes y el sector académico.
Hace algunas semanas, el Gobierno anunció que giraría cerca de $820 mil millones para pagar el ajuste de los presupuestos máximos del sistema de salud correspondientes a la vigencia de 2022, según fallo del alto tribunal guardián de la Carta Magna. La Adres se encargará de entregar estos recursos a las EPS en cuatro giros: en los meses de febrero, marzo y abril de 2025, tres giros cada uno por $200 mil millones; y en mayo, el último giro por $ 219.667 millones. Y ese mismo 21 de febrero, la Adres reportó el pago de los primeros $200 mil millones, e informó igualmente que ya se efectuaron los pagos correspondientes a los presupuestos máximos de los meses de noviembre y diciembre de 2024 por cerca de $300 mil millones.
Sin embargo, la cartera de protección social solicitó la nulidad del auto en el que la Corte declaró la insuficiencia en 2024 y 2025 de la UPC, aseverando que esta decisión carecía de sustento técnico, desconocía la presunción de legalidad de los actos administrativos que regulan la UPC, y planteaba además el Ejecutivo que la revisión de estos valores era competencia exclusiva del Ministerio de Salud.
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Lo que ha ordenado el alto tribunal frente a la UPC, mediante el Auto 007 de 23 de enero de 2025, fue la creación de un mecanismo de reajuste que deberá aplicar a la UPC de 2024 y 2025. La primera orden fue la de crear la mesa de trabajo con participación de diferentes entidades y actores del sector salud cuyo objetivo principal es revisar la UPC de 2024, conforme a unos parámetros mínimos que deberá establecer el Ministerio con apoyo de los integrantes de la mesa.
Y alrededor de los presupuestos máximos, la Corte expidió el Auto 2049 de 2024, como seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que declaró fallas estructurales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. E incluso este año el alto tribunal declaró el desacato de este auto aseverando: “No se han girado los dineros reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos de la vigencia del año 2022 -por valor de $820 mil millones-”. Por lo que le ordenó al Gobierno pagar los presupuestos máximos reconocidos para los periodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2024; reconocer los presupuestos máximos correspondientes a los periodos de noviembre y diciembre de 2024, lo cual debía ocurrir a más tardar el 30 de enero de 2025; y pagar los presupuestos máximos correspondientes a cada uno de los meses de 2025 dentro de los 15 primeros días de cada periodo.
