La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del Decreto Legislativo 062 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
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La solicitud fue presentada por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, quien argumentó que la medida adoptada por el Ejecutivo se ajusta a los lineamientos de la Constitución Política y al Derecho Internacional Humanitario, dada la escalada de violencia en la región y las afectaciones a la población civil por parte de grupos armados ilegales.
En su petición, la Procuraduría sostuvo que el decreto presidencial cumple con los requisitos establecidos por la Constitución y la jurisprudencia en los ámbitos fáctico, valorativo y de suficiencia.
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En este sentido, el Ministerio Público defiende que la declaratoria de conmoción interior es una herramienta necesaria para responder a la situación de orden público en la zona.
La solicitud puntualiza que la exequibilidad del decreto permitirá enfrentar “la escalada de violencia generada por grupos organizados al margen de la ley” y garantizar la protección de los Derechos Humanos de la población civil, en conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario.
La declaratoria de conmoción interior
La declaratoria del estado de conmoción interior fue anunciada por el presidente Petro a finales del pasado mes de enero, en respuesta al incremento de hechos violentos en el Catatumbo, donde, según cifras oficiales, cientos de personas han muerto hasta la fecha.
El mandatario tomó la decisión tras la publicación de un mensaje del comandante del Frente de Guerra Nororiental del Eln, Manuel Pérez Martínez, en el que instaba a militantes del Estado Mayor Central (EMC) a desertar y regresar con sus familias.
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En redes sociales, el presidente Petro manifestó entonces que los grupos ilegales habían “perdido la inteligencia” y aseguró que “la revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia”.
Así mismo, en su publicación reiteró que la paz debe ser la “bandera revolucionaria” y pidió el respaldo del poder judicial para la implementación de las medidas necesarias.
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El decreto también contempla el estado de emergencia económica, con el objetivo de mitigar el impacto del conflicto en la población civil y fortalecer la acción del Estado en la zona.
Ahora, la Corte Constitucional deberá evaluar la solicitud de la Procuraduría y determinar la exequibilidad de la medida.
