En el marco del 68º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, reiteró el compromiso del país con el régimen global de drogas, pero instó a la comunidad internacional a abrir un debate inclusivo sobre la necesidad de reformarlo. La canciller subrayó que, a pesar de los esfuerzos y miles de millones invertidos, la actual estrategia global no ha logrado frenar el consumo, la producción ni el tráfico de drogas, que continúan afectando a Colombia y al mundo entero.
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Sarabia destacó que, aunque Colombia ha hecho grandes esfuerzos, el narcotráfico sigue siendo un obstáculo para el desarrollo del país, causando la victimización de millones de campesinos y la financiación de grupos terroristas. Además, advirtió que los daños no son exclusivos de Colombia, ya que en la última década la oferta global de drogas no ha disminuido y el número de consumidores recreativos ha aumentado en más de 50 millones de personas.
“La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía”, señaló la canciller.
Una de las principales propuestas de Colombia ante la ONU fue la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas, una solicitud respaldada por evidencia científica. Según la ministra, la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud, y su potencial debería aprovecharse en usos industriales, como fertilizantes o bebidas, para despojarla del control de los narcotraficantes.
“La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, sostuvo.
Aunque propone esta medida, Colombia continuará con su estrategia de erradicación e interdicción, con un énfasis en la lucha contra la cocaína. Desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 31 de enero de 2025, el país ha incautado más de 1.9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína y ha destruido 454 laboratorios clandestinos.
Sarabia también hizo un llamado a promover alternativas económicas para las comunidades afectadas por el narcotráfico, como las regiones del Catatumbo y el Cañón del Micay. Propuso fomentar cultivos como cacao y café, con el fin de ofrecer opciones productivas viables y rentables, que permitan a las comunidades escapar de la violencia y el abandono. “Debemos llevar recursos y proyectos de transformación territorial a quienes más lo necesitan”, enfatizó.
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La canciller también solicitó una revisión de los mecanismos de financiación internacional para la lucha contra las drogas, destacando que Colombia ha aportado 416 millones de dólares a la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en la última década. “Es imperativo que estos recursos se ejecuten con eficiencia y tengan un impacto real sobre las comunidades afectadas”, concluyó.
Finalmente, Sarabia hizo un llamado a la comunidad internacional para construir un nuevo modelo de política basado en la evidencia y el respeto a la vida, subrayando que reformar el régimen global no significa normalizar el narcotráfico, sino dotarse de herramientas más eficaces para combatirlo. “Reformar el régimen global de drogas no significa normalizar el narcotráfico, sino dotarnos de herramientas más eficaces para combatirlo. No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Para Colombia, reenfocar esta política es una cuestión de vida y paz”, concluyó.
