Los 28 miembros de la Policía y el mayor del Ejército que fueron secuestrados en la tarde del jueves en medio de una asonada en el corregimiento El Plateado del municipio de Argelia, Cauca, se encuentran en la casa comunal de la vereda La Hacienda, rodeados por la comunidad.
Una comisión de la ONU y la Defensoría del Pueblo dialogan con los pobladores para lograr la liberación de los miembros de la Fuerza Pública. De acuerdo con fotografías que se han conocido de la casa comunal de La Hacienda, los uniformados se encuentran bien de salud.
A través de un comunicado, la cartera de Defensa indicó en la mañana de este viernes que los hechos en el corregimiento El Plateado fueron perpetrados por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, y pobladores “instrumentalizados” por este grupo.
“Fueron ejecutados (los hechos) con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad de nuestros uniformados. Además, en el marco de esta acción criminal, incendiaron dos vehículos oficiales”, se lee.
El Ministerio aseveró que los reponsables de estos hechos enfrentarán cargos por “tentativa de homicidio, secuestro y otros delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”. Para esto, la cartera avanza en la identificación e individualización de los implicados, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con base en las pruebas recopiladas.
“El GAOR Carlos Patiño representa una grave amenaza para la vida y la seguridad de las comunidades del Cañón del Micay y del Cauca. No solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, añadió el Ministerio.
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Hizo énfasis en que estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil, impidiendo el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
“La reciente voladura del puente que comunica a El Plateado con La Hacienda es una prueba de cómo estas acciones afectan directamente a las comunidades, restringiendo su movilidad y acceso a servicios esenciales”, sostuvo.
