Este jueves 6 de marzo la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General llevó a cabo una diligencia en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con el fin de recopilar material probatorio en el marco de nuevas investigaciones sobre presuntas irregularidades en la entidad. Esta acción se suma a las indagaciones ya en curso, centradas en el escándalo por la adquisición de carrotanques para abastecer de agua a La Guajira.
Le recomendamos: Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia inspeccionan las oficinas de Invías
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que los nuevos hallazgos podrían abarcar una variedad de casos de corrupción, incluyendo ollas comunitarias y pozos, así como el conocido caso de jagüeyes en Uribia, donde se manejan más de 70.000 millones de pesos, según denuncias de la congresista Catherine Juvinao.
Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro, se encuentra nuevamente en el centro de un escándalo judicial. Actualmente bajo medida de aseguramiento, Ortiz solicitó un aplazamiento en la audiencia de acusación programada para el 5 de marzo de 2025, lo que ha suscitado críticas por parte de las víctimas, que consideran que su acción busca dilatar el proceso judicial. Según el abogado Pablo Bustos, representante de comunidades afectadas en entrevista con W Radio, la justicia debe actuar con rapidez ya que mientras Ortiz intenta negociar con la Fiscalía, “el tiempo transcurre sin avances significativos”.
La exfuncionaria enfrenta acusaciones graves, incluyendo lavado de activos y tráfico de influencias, en el contexto de un esquema de corrupción que involucra millonarios contratos de la Ungrd. Se le señala de haber gestionado sobornos por 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, para garantizar la aprobación de contratos destinados a llevar agua a comunidades vulnerables en La Guajira.
Le sugerimos leer: Petro sobre proyecto Transversal del Catatumbo: “La transformación del territorio es la construcción de la paz”
Además, un nuevo escándalo ha emergido en el Instituto Nacional de Vías (Invías) tras la filtración de una tabla de Excel que vincula a 28 congresistas en la presunta repartición irregular de contratos. Este documento, creado por una exasesora del Ministerio de Hacienda, ha generado interrogantes sobre la repetición de patrones en la asignación de recursos públicos, especialmente entre aquellos ya mencionados en el caso de la Ungrd.
