La vicepresidenta y saliente ministra de la Igualdad, Francia Márquez, publicó un comunicado el pasado jueves advirtiendo que su vida corría peligro por “denunciar la corrupción y señalar lo que está mal”.
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“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán”, escribió la funcionaria en una carta pública.
Márquez asevera que los presuntos responsables serían personas que se han acercado al Estado.
En su carta, enfatizó: “Siempre he hablado con transparencia y con la verdad, nunca he guardado silencio. Porque la lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino de la gente”.
Y anunció: “No me rendiré. Porque el cambio que prometimos no será frenado por el miedo”.
Márquez también advirtió sobre intentos de involucrarla en escándalos y maniobras políticas que, según ella, buscan afectar su imagen: “La corrupción no tiene cabida en el cambio que prometimos”.
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¿A qué se refiere Francia Márquez con su carta?
Aunque en el documento, la vicepresidenta no dijo con exactitud cuáles son los casos de corrupción a los que se refiere, en diálogo con La W mencionó el escándalo de la Ungrd. “Un senador intentó involucrarme en el escándalo de la UNGRD, yo misma fui a la Fiscalía a dar la cara. Esos comentarios dañinos buscan poner en entredicho la dignidad de una persona”, aseveró.
Y sobre las amenazas que ha recibido incluso antes de llegar al Gobierno afirmó que “desde que empecé este Gobierno y antes mi vida ha estado en riesgo por defender lo justo. No es posible hoy no tengamos resultados de esas investigaciones que yo he denunciado”.
Vale mencionar que en mayo de 2019 se registró un ataque con armas de fuego y una granada a una comisión de líderes sociales y defensores de derechos humanos en la vereda Lomitas del municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca. Francia Márquez era uno de los líderes que se encontraba dicha reunión.
Durante el gobierno de Iván Duque, la ahora vicepresidenta también había denunciado amenazas de muerte. En su momento señaló: “No es suficiente las calumnias, las manifestaciones racistas, sino que en menos de un mes me han amenazado de muerte 2 veces”.
Márquez publicó fotografías de unos panfletos del grupo paramilitar “Águilas Negras”, en los que ella y otras autoridades indígenas del suroeste del país eran declaradas “objetivo militar”.De hecho, en ese entonces le pidió a Duque garantizar su seguridad y la de su familia.
Fuerte roce en el consejo de ministros
La reciente carta se da luego de que la vicepresidenta protagonizara un fuerte roce con el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros televisado de inicios de febrero, en el que ella puso de presente su malestar por la llegada como jefe de despacho o gabinete del hoy polémico ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ascenso a canciller de Laura Sarabia, ambos con señalamientos de diversa índole.
Y es que las relaciones entre Petro y la vicepresidenta parece que no andan muy bien, y aunque el distanciamiento no tiene un origen reciente, sí está claro que se agravó en el consejo de ministros televisado de principios de agosto.
La salida de Márquez se enmarca en la solicitud de renuncia protocolaria que el presidente Petro hizo a todo su gabinete el pasado 10 de febrero, como parte de un proceso de reorganización del Ejecutivo.
En este contexto, la vicepresidenta había manifestado anteriormente su inconformidad con algunas decisiones del Gobierno, lo que derivó en tensiones con el mandatario y otros funcionarios.
Durante su intervención en el consejo de ministros, la vicepresidenta afirmó que había tenido que exigir respeto por su cargo y que no compartía la decisión de incluir a Benedetti en el Gobierno.
Asimismo, Márquez hizo referencia a las dificultades que enfrentó al asumir la cartera de Igualdad y Equidad, señalando que no recibió una estructura institucional consolidada y que tuvo que construir el ministerio desde cero.
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A esto se sumó la declaratoria de inconstitucionalidad de la entidad por parte de la Corte Constitucional en 2024, lo que afectó su gestión al frente de la cartera.
Tras el consejo de ministros, el presidente Petro nombró a Benedetti como ministro del Interior, lo que profundizó el distanciamiento con Márquez. Posteriormente, el 17 de febrero, ambos sostuvieron una reunión privada en medio de la reconfiguración del gabinete.
Y así mismo, Nelson Lemus presentó en días pasados su renuncia al cargo de viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos del Ministerio de la Igualdad, luego de ser vinculado a una investigación por presunto acoso sexual.
La decisión se conoció el pasado miércoles, cuando el funcionario dirigió una misiva a la ministra Márquez, formalizando su dimisión.
En la carta, Lemus sostuvo que su actuar no quebrantó normas morales, étnicas ni jurídicas, y manifestó que las denuncias en su contra han generado juicios en su contra que, según él, vulneran sus derechos y lo ponen en situación de riesgo como líder social.
La renuncia se produce en medio del proceso que se adelanta tras la denuncia presentada por la exfuncionaria Sandra Milena Cobos.
La denunciante contra Lemus
Cobos había renunciado a su cargo el 13 de febrero, alegando que fue víctima de acoso sexual por parte del entonces viceministro.
En su testimonio, expuso que Lemus le hizo insinuaciones, mantuvo acercamientos físicos no deseados y le propuso realizar viajes fuera del ámbito laboral. Tras rechazar estas conductas, según su versión, experimentó discriminación profesional y maltrato laboral.
Además, Cobos también afirmó que el viceministro le asignó tareas personales ajenas a sus funciones.
La exfuncionaria indicó que, al presentar su denuncia, la dirección del ministerio la confrontó con el acusado en lugar de activar los protocolos correspondientes. Además, en las instalaciones del ministerio, apareció un mensaje anónimo alertando sobre la presencia de un presunto acosador en la entidad.
Ante la situación, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lemus. La delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales designó a un procurador especial para hacer seguimiento al caso y participar en las diligencias judiciales.
Como parte del proceso, Cobos fue reconocida como víctima y se estableció un enfoque diferencial de género para garantizar la protección de sus derechos.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento del caso desde diciembre de 2024. La Unidad de Delitos Sexuales de la entidad recibió la denuncia penal contra Lemus por presunto acoso sexual y, según informes, el expediente incluye testimonios de otras mujeres que aseguran haber experimentado situaciones similares en el viceministerio.
En una entrevista con un medio de comunicación, Cobos declaró que otras personas habrían sido víctimas de circunstancias parecidas, aunque prefirió no revelar sus nombres. Además, explicó que siguió el conducto regular para su denuncia, en lugar de informarle directamente a la ministra Márquez.
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El caso sigue en etapa de indagación preliminar en la Fiscalía, mientras la Procuraduría avanza en su investigación disciplinaria. Dependiendo de los hallazgos, el exviceministro podría enfrentar sanciones administrativas y eventuales repercusiones penales.
En noviembre pasado se citó a Márquez a debate de control político en la plenaria del Senado por parte del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien dejó al desnudo la baja ejecución del recién creado Ministerio de la Igualdad durante los años 2023 y 2024.
“Según los datos de ejecución presupuestal, el Ministerio de la Igualdad registró apenas un 0,4% de ejecución de los recursos asignados en 2023 y hasta septiembre de 2024 solo ha ejecutado un 1,6%. Este desempeño se encuentra muy por debajo de lo esperado, especialmente cuando se compara contra entidades y sectores adscritos al Gobierno Nacional”, aseguró el parlamentario opositor.
En este sentido, el citante evidenció que aunque el sector de la Igualdad y Equidad recibe importantes recursos, con una asignación de aproximadamente $9,6 billones para 2023, su baja ejecución afecta el cumplimiento de metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo y de muchos compromisos adquiridos en campaña.
“A modo de comparación, entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional para Sordos (Insor) y el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) han logrado ejecutorias mucho más altas dentro del sector que se supone lidera el Ministerio, lo que pone en evidencia fallas mucho más profundas”, mencionó.
Y concluyó Motoa que “la asignación de recursos para programas como Jóvenes en Paz, por ejemplo, ha sido comprometida y en buena medida obligada, pero los pagos están tardando más tiempo del indicado, lo que dificulta que el subsidio alcance tanto al número de personas que tenían previsto para 2024 como para el cuatrienio entero”, explicó.
En respuesta, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad advirtió que “solo las desigualdades entre hombres y mujeres, en términos de condiciones laborales y acceso a educación, le costarán a la nación el 12,6 % del PIB para 2050. Esto significa dejar de producir 196 billones de pesos en los próximos 25 años, lo que equivale a dos años del Presupuesto General de la Nación en inversión”.
Explicó que la cartera, que lleva un año y dos meses de entrar en funcionamiento, “tiene 10 programas andando y ya está en ejecución el 25% del presupuesto del Ministerio, equivalente a 400 mil millones de pesos, mientras que un 32 %, es decir 512 mil millones de pesos, están en proceso de contratación y se ha comprometido el 94 %, equivalente a 1,5 billones de pesos”.
También, añadió, se desarrollan seis políticas públicas para el cierre de brechas de desigualdad: Política Pública para la Erradicación del Racismo y la Discriminación Racial, Política Pública de Derecho Humano a la Alimentación, Política Pública de Juventudes, Política Nacional de Cuidado, Política Pública de Discapacidad y Política Pública Lgbtiq+.
Y concluyó Márquez ante el recinto del pleno: “Aquí somos responsables con los recursos públicos, no pagamos anticipos ni pagamos recursos si no hay una obra entregada. Los recursos se cuidan y se ejecutan cumpliendo la ley”.
