La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, enfrenta una grave situación judicial que podría resultar en su arresto por seis meses. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga emitió una advertencia en su contra, exigiendo que cumpla con una orden judicial en un plazo máximo de 48 horas. En caso de no acatar el fallo, la ministra enfrentaría un arresto y una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
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El origen de este requerimiento judicial se encuentra en una denuncia presentada por Ivonne González, líder del paro minero en Soto Norte y presidenta de Asomineros Vetas. Según González, más de 35,000 habitantes de la provincia de Soto Norte, en Santander, se verían afectados por la creación de una zona de reserva sin la debida consulta previa, lo que violaría sus derechos fundamentales. La medida amenaza con restringir el 98 % del territorio de seis municipios, afectando gravemente las actividades mineras legales que sustentan a miles de familias.
La denuncia se presentó en noviembre de 2024, tras un derecho de petición que solicitaba información clara sobre la implementación de la zona de reserva. Las comunidades acusan al Ministerio de Ambiente de actuar de manera arbitraria, sin consultar a los habitantes y sin atender las advertencias de entidades como la Gobernación de Santander, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Además, afirman que las mesas de socialización convocadas por el ministerio fueron un fracaso, con poca participación y falta de garantías.
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Ivonne González señaló que las comunidades no están en contra de la protección ambiental, pero exigen que no se criminalice a los mineros legales ni se impongan medidas sin consulta previa. El fallo judicial confirma que la ministra podría enfrentar serias consecuencias legales si no cumple con la orden, mientras que las comunidades esperan que se respeten sus derechos.
