En el marco del 58° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la canciller Laura Sarabia hizo un llamado a la comunidad internacional para garantizar la protección de los derechos de los migrantes y erradicar los discursos que los asocian con la criminalidad.
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Mediante su intervención, la ministra hizo énfasis en que ninguna persona debe ser considerada ilegal y en que todas las políticas migratorias deben estar alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos.
Colombia, que desde enero de este año forma parte de la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos por primera vez en su historia, participará activamente en las discusiones globales sobre la protección de las poblaciones más vulnerables.
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Durante su discurso, la canciller subrayó la importancia de que el organismo adopte medidas concretas que eviten la estigmatización de los migrantes y promuevan su integración social y económica.
“Tiene (el consejo) la responsabilidad de proteger a los migrantes, a las mujeres, a los indígenas, a las poblaciones negras, a los que viven en la pobreza, y a los más vulnerables”, dijo Sarabia. Y agregó: “Ninguna persona migrante es ilegal, en todos los rincones del mundo el trato a los y las migrantes se debe regir por los estándares internacionales de derechos humanos. Ser migrante no es ser un criminal”.
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En este mismo orden de ideas, Sarabia habló respecto a la experiencia de Colombia en la gestión migratoria, haciendo referencia a la estrategia que en los últimos años ha sido implementada en el país. “Hemos optado por diseñar una política de integración, regulación e inclusión de la población migrante”, precisó.
La canciller señaló que, a pesar de los desafíos que representa la movilidad humana, el gobierno ha optado por políticas basadas en el reconocimiento de la dignidad de las personas migrantes y el respeto irrestricto de sus derechos, sin importar su situación legal.
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La ministra resaltó que la migración es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo y que su abordaje requiere una respuesta coordinada entre los Estados.
En ese sentido, la jefa de la diplomacia colombiana propuso ante el consejo medidas contundentes que impidan que el discurso que considera a los migrantes como criminales se convierta en la base de las políticas migratorias, y que, por el contrario, convierta el discurso de los derechos humanos en una realidad para quienes viven esa situación.
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Por último, la ministra expuso que Colombia buscará que el consejo reconozca que la protección de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y marginadas “está ligada a medidas eficaces de mitigación y adaptación, que deben garantizar tanto la justicia climática como la dignidad humana”.