El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la acción de tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que lleva actualmente su juicio.
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Dicho tribunal declaró “improcedente el amparo constitucional deprecado por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a través de apoderado”.
En ese sentido, la decisión judicial indica que la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, “cuenta con la potestad” de reanudar el juicio oral contra el expresidente y líder del partido Centro Democrático, quien es acusado de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
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La defensa de Uribe presentó la acción de tutela el pasado 11 de febrero al considerar que se están violando los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de justicia del exmandatario.
Sus abogados, liderados por Jaime Granados, hicieron una “solicitud urgente de medidas provisionales” que incluían “suspender la actuación procesal” hasta que no se resolviera la tutela y dejar sin efecto lo que ocurrió en la primera audiencia del juicio, celebrada una semana antes.
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Uribe, entre tanto, insistió en la audiencia del 10 de febrero que la causa en su contra tiene un origen político y que no es culpable de los delitos que le imputan.
Larga querella
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
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El juicio comenzó el jueves pasado luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.
El expresidente renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
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Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que el año pasado la Fiscalía decidió acusarlo.
