Gremios de pacientes, médicos, usuarios, sociedades científicas, prestadores y actores del Sistema de Salud, cuestionaron al Gobierno por la nulidad solicitada por el Ministerio de Salud sobre el auto de la Corte Constitucional qué pide establecer un mecanismo adecuado para el cálculo de la UPC.
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“Se interpreta como una dilatación infundada en el cumplimiento de las órdenes judiciales y supone un grave retroceso en la protección del derecho fundamental de la salud”, se lee en el documento.
Los 50 expertos y representantes del sector de la salud advierten que el Gobierno no respeta las decisiones de la Corte Constitucional.
“La Corte Constitucional ha sido clara al indicar que es competente para supervisar el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y su decisión se basa en pruebas y análisis técnicos que evidencian el desfinanciamiento del sistema. Esta situación se debe a la insuficiencia de la UPC, que es la causa principal, y se ha alertado reiteradamente desde 2022 por diferentes actores del sector salud”, criticaron.
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Por ello, solicitan al alto tribunal guardián de la Carta Política que desestime la petición del Ministerio de Salud.
Y concluye la misiva llamando la atención del Ejecutivo: “Es esencial que sus acciones respondan a la realidad del país y se orienten a implementar medidas concretas que permitan superar la crisis de financiación que afecta a millones de colombianos que dependen del sistema de salud para garantizar su bienestar y calidad de vida”.
