La Procuraduría informó este jueves en un comunicado que profirió pliego de cargos contra el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, y otras 15 personas, entre funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.
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Esto por presuntas irregularidades en las visitas administrativas realizadas en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 12 de marzo de 2024, y de la Cancillería, los días 14, 15 y 19 de marzo también del año pasado.
“Las otras personas afectadas en el pliego de cargos son la funcionaria de la SIC, Martha Liliana Fandiño Vergara, así como los contratistas de esa entidad Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia y Daniel Leonardo Muñoz Manrique, quienes participaron en la visita realizada a la Registraduría”, se lee.
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“También se profirieron cargos contra la funcionaria de la SIC, Yolanda Hernández Alonso, y los contratistas María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Nohemí Rodríguez Pombo, Karen Vanessa Angulo Sogamoso, quienes intervinieron en las diligencias practicadas en la Cancillería”, agrega el reporte.
Y concluye que “la decisión también se profirió contra el coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC, Mario Alejandro Franco Vanegas, y el contratista José Miguel Moreno Reina, quienes participaron en las dos visitas, las cuales tenían como objeto verificar el cumplimiento de régimen de libre competencia económica en los procesos contractuales de las dos entidades”.
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Explicó el ente de control disciplinario que estas personas son investigadas porque al parecer en las dos diligencias habrían solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos de las entidades visitadas, que no correspondían al objeto de la averiguación preliminar que adelantaban, así como también pudieron afectar derechos fundamentales de los funcionarios.
“Las actividades probatorias desarrolladas en las visitas comprometieron el respeto y protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos, así como se ha podido poner en peligro la confidencialidad, guarda del censo electoral e información institucional que nada tenia que ver con el objeto de la actuación administrativa”, manifestó el Ministerio Público.
