Este jueves se conocieron los tres primeros decretos tras la declaratoria de conmoción interior por la crisis humanitaria y de violencia del Catatumbo, que deja un centenar de personas muertas y unas 47 mil desplazadas.
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Se trata de los decretos 106, 107 y 108 de 2025 del Ministerio de Agricultura.
El 106 persigue garantizar “medios de vida y producción de alimentos con financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario”.
El 107 “apunta a la protección de zonas agrícolas, cadenas, productivas y de suministro, sistemas agroalimentarios y generación de condiciones de estabilidad y restablecimiento del abastecimiento y la garantía del derecho humano a la alimentación”.
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Y el 108 busca la “adopción de medidas para la protección de tierras, territorios y activos y prevención de la acumulación y el acaparamiento en el sector agropecuario para atenuar los efectos derivados de la situación de orden público”.
El primero ordena suspender los procesos de remate relacionados con créditos de fomento agropecuario en predios de campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios, y esquemas asociativos ubicados en las zonas de la conmoción; y se ordena a las entidades del sistema nacional del crédito agropecuario que refinancie las obligaciones y esquemas asociativos de las zonas cobijadas por el estado de excepción.
El segundo faculta a la Agencia de Desarrollo Rural para contratar de manera directa la adquisición de bienes, servicios y logística con sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado, asociaciones campesinas y agropecuarias contempladas en la ley 2219 de 2022 y las organizaciones de la Acfec, para “garantizar artículos alimenticios, la continuidad de la producción en zonas agrícolas, las cosechas, el ganado, el acceso y utilización de sistemas de riego y recursos hídricos”.
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Y el tercero deja en firme la expropiación por vía administrativa de predios y tiene como objetivo “garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes, en el marco de la grave perturbación del orden público declarada”, y así reasignar “predios rurales para garantizar procesos de retorno y estabilización de población víctima de desplazamiento forzado, así como la consolidación de proyectos productivos en el sector agropecuario”.
El pasado miércoles se conocieron los nombres de los 42 congresistas que integrarán la comisión accidental encargada de evaluar la declaratoria de conmoción interior y los decretos que incluya la medida. Para ello, los legisladores deberán reunirse en los próximos días para elaborar un informe tras las explicaciones entregadas por el Gobierno el pasado martes en las plenarias de Senado y Cámara.
La coordinación de la comisión estará a cargo de Juan Carlos García Gómez, del Partido Conservador, y también hacen parte parlamentarios como Alejandro Carlos Chacón (Liberal), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Uribe (Pacto), José Eliécer Salazar (la U), Jorge Tovar (Citrep) y Alfredo Ape Cuello (Conservador), entre otros.
