La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Ungrd.
De acuerdo con el ente acusador, los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, transportado y entregado la suma al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez. Los dineros corresponderían al pago de coimas.
De esta manera, la funcionaria enfrentará un juicio por los delitos imputados.
El caso
El escándalo tiene que ver con la malversación de 46.800 millones de pesos (poco más de 10,5 millones de dólares) de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a poblaciones del departamento de La Guajira (en el Caribe) mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.
Las cabezas del gigantesco entramado de corrupción fueron Olmedo López y Sneyder Pinilla, a los que el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como director y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respectivamente.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la exfuncionaria recibió el dinero en efectivo que «posteriormente la transportó en vehículos oficiales y entregó al entonces presidente del Congreso de la República (Iván Name), con pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos».
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.
Entre los señalados también figuran el hasta hace dos semanas ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que renunció al cargo a solicitud del presidente Petro por verse salpicado dentro del escándalo, y también Carlos Ramón González, que renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cercano al presidente.
