Tras la solicitud de las partes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió congelar el proceso judicial de la demanda por $117 mil millones que la compañía británica Thomas Greg & Sons interpondría contra la Cancillería por haber declarado desierta la licitación para la fabricación de los pasaportes en el país en 2023.
Por ello, la diligencia se retomará el 4 de febrero próximo.
El aplazamiento fue solicitado de común acuerdo entre los apoderados del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte la firma inglesa.
El Gobierno, a pesar de que se cayó la licitación, prorrogó el contrato de Thomas Greg bajo la modalidad de urgencia manifiesta hasta octubre de 2024, y luego extendió el acuerdo hasta 2025.
Así mismo, la Cancillería suscribió un memorando de entendimiento con Portugal para cooperar en la producción nacional estatal de un nuevo tipo de pasaporte, cuyo desarrollo comenzará en 2025.
