Una profunda desigualdad social se evidenció en un reciente estudio adelantado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, por ello instaron a plantear reformas para tratar de mermar las diferencias sociales y económicas en las regiones del país.
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El estudio ‘Retos de la Descentralización Diferencial en Colombia’ encontró que, a pesar de la reducción de la pobreza monetaria del 42,5 % en el 2020 al 33 % en 2023, la pobreza extrema aún afecta el 11,4 % de la población.
Otro ejemplo de las consecuencias de la centralización es la cobertura educativa: Bogotá reporta una cobertura superior al 135 %, mientras que departamentos como Vaupés apenas alcanzan un 2,9 %. “Estas cifras reflejan la urgencia de priorizar las regiones más rezagadas mediante un enfoque territorial ajustado a sus particularidades”, sugiere la Contraloría.
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Pero no solo hacen énfasis en el factor monetario sino, además, en el “fortalecimiento de las capacidades administrativas y fiscales de los gobiernos locales para que puedan gestionar su desarrollo de manera autónoma”.
Por estas razones, proponen una serie de estrategias para implementar la descentralización de manera efectiva, en las que se incluye reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR), “con el fin de orientar los recursos hacia los territorios más vulnerables”.
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Asimismo, la actualización de leyes orgánicas de ordenamiento territorial para permitir alinear la normativa con las necesidades de las regiones. Además, se propone fortalecer las capacidades locales para implementar programas de formación técnica y dotación de herramientas “para la gestión eficiente y monitoreo continuo, que aseguren la sostenibilidad del proceso descentralizador”.
La Contraloría insiste en que la descentralización se convierte en un “compromiso político y ético” que exige reconocer la pluralidad del territorio colombiano, pues en términos fiscales y en dimensiones humanas y contextuales las necesidades no son iguales.
“Colombia, con un PIB per cápita de $30,1 millones para el 2023 y profundas desigualdades regionales, enfrenta el reto de implementar un modelo de descentralización que priorice la equidad y el desarrollo inclusivo que no solo mejore la gestión pública, sino que también, implique fortalecer la gobernanza local, promover la cohesión territorial y priorizar las regiones más rezagadas en el diseño de políticas públicas”, concluyeron.
