El Gobierno presentó este miércoles el programa ‘Códigos de Paz’, iniciativa que promueve el acceso a la educación superior como herramienta de transformación y reintegración social, y que con una inversión de aproximadamente $6.000 millones financiará subsidios de matrícula para 100 mujeres condenadas, quienes podrán cursar estudios técnicos, tecnológicos o universitarios en Instituciones de Educación Superior (IES) aprobadas.
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La iniciativa es adelantada por los ministerios de Educación, Justicia y Cultura, y por el Inpec y el Icetex.
Al respecto, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, expresó su entusiasmo por esta iniciativa que beneficia directamente a las personas privadas de la libertad, iniciando un proyecto que, en sus palabras, “tiene que universalizarse en todos los establecimientos como este, más allá de su posición geográfica, su composición o tamaño”.
De igual manera, subrayó el funcionario que el derecho a la educación no debe restringirse a un número limitado de personas, sino que debe garantizarse para todas las ciudadanas y ciudadanos sin importar sus condiciones.
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“Nos ha instruido el señor presidente de la República que, si nosotros vamos a hablar de cambio y si nos asumimos como gobierno de cambio, ese cambio tiene que pasar también por transformar las formas en que nos relacionamos, nos entendemos y nos reconocemos los unos a los otros”, dijo Rojas.
A su vez, la ministra de Justicia y del Derecho, Angela María Buitrago, sostuvo que “en el camino de la resocialización y la dignificación de las personas privadas de la libertad, el ‘Código de Paz’ garantiza que, si la mujer sale en libertad, domiciliaria, condicional o por utilidad pública, continúa con el beneficio. Queremos que esta sea una oportunidad real, que puedan soñar con terminar su carrera profesional”.
Se trata de un proyecto tendrá una duración de seis años y garantizará formación académica durante los próximos cinco años, otorgando subsidios de hasta 4 salarios mínimos legales vigentes por beneficiaria. Las primeras 100 mujeres seleccionadas serán elegidas a través de convocatoria interna en cada establecimiento de reclusión en todo el territorio nacional.
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Posteriormente se espera que otras mujeres puedan acceder a este beneficio y lograr segundas oportunidades a través de la educación. Y la meta es beneficiar a 2.887 mujeres en las penitenciarías del orden nacional para que participen en procesos de educación formal desde alfabetización hasta educación superior.
