La Fiscalía informó este lunes en un comunicado que fueron judicializados el ex alcalde de Becerril, Cesar, una exfuncionaria de su administración y un particular por los aparentes actos de corrupción detectados en la construcción del alcantarillado municipal, que a la fecha no se ha terminado ni ha entrado en operación.
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“En ese sentido, fueron presentados ante un juez de control de garantías el ex alcalde de la población, Juan Francisco Rojas Hinojosa; la ex secretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda; y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira. Un fiscal de la Seccional Cesar les imputó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Los cargos no fueron aceptados”, se lee.
Describió el investigador que los hechos investigados iniciaron con la celebración de un contrato en enero de 2017, en el que la Alcaldía de Becerril adjudicó el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano, por un valor cercano a los $4.000 millones.
“El entonces mandatario y la exfuncionaria habrían direccionado el proceso contractual para favorecer a un contratista específico, y modificado varios ítems para autorizar el desembolso parcial de dinero por avances de obra. De esta manera, fueron pagados algo más de $1.449 millones por concepto del cambio total de la tubería. En las verificaciones se constató que sólo fue instalada el 75% de la red, por lo que esta actividad inconclusa generó un detrimento patrimonial superior a los $269 millones. Asimismo, se detectaron pagos por $142 millones por excavaciones que no se adelantaron. En total, fueron entregados 411′236.063 de pesos al contratista por acciones no ejecutadas”, precisa el reporte.
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El ente acusador indicó además que fueron identificadas presuntas anomalías como incumplimiento de múltiples parámetros del Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), como las normas técnicas de las tuberías y los muros, y los trámites ante las empresas de servicios públicos para el funcionamiento de la estación de bombeo.
“En la actualidad, el contrato lleva más de 60 meses suspendido, y el sistema de alcantarillado está inoperante por falta de elementos esenciales para su funcionamiento como la estación de bombeo, líneas de conexión eléctrica, pozos de inspección, tramos de tubería y conexiones domiciliarias de alcantarillado”, concluye el ente de investigación penal.
