La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) alertó este lunes sobre los efectos jurídicos, económicos y financieros que podrían derivarse del nuevo borrador de resolución presentado por el Ministerio de Transporte, que contempla un incremento en las tarifas de peajes a partir del próximo 31 de diciembre.
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A través de un comunicado, la entidad señaló que la implementación de la medida, tal como está planteada, podría contradecir normativas vigentes y generar un fuerte impacto en el esquema tarifario actual.
De acuerdo con el gremio, el borrador de resolución desconoce el plazo estipulado por la normativa vigente, que establece el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite para normalizar el esquema tarifario: “Existe una norma jurídica con efectos mandatorios y vinculantes para el Ministerio de Transporte, (...) lo cual se contraría en el borrador de resolución.
Preocupación por una posible pérdida de la estructura tarifaria
Por otra parte, la CCI también expresó preocupación ante la posibilidad de que la medida genere una pérdida de la estructura tarifaria de los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) de origen público.
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Según la organización, esta situación podría implicar un efecto acumulativo que debería ser asumido posteriormente por el Gobierno nacional, lo cual representaría “un eventual detrimento para el patrimonio público”.
Impactos marginales del rubro ‘peajes’ sobre el IPC
Finalmente, un tercer aspecto que preocupa a la CCI es el hecho de que el borrador no incluye un análisis detallado sobre los impactos marginales del ajuste en las tarifas de peajes, considerando su relación con el índice de precios al consumidor (IPC) y el poder adquisitivo de los usuarios.
Esta omisión, según precisó la entidad, podría agravar las dificultades económicas que enfrentan los ciudadanos al utilizar las vías concesionadas.
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Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la CCI, hizo un llamado al Ministerio de Transporte para reconsiderar los términos de la resolución. El gremio confía en que se modifiquen las disposiciones planteadas, con el fin de preservar la estabilidad de las concesiones viales y garantizar la continuidad en la operación y mantenimiento de las carreteras del país.
