La Procuraduría informó este sábado en un comunicado que por posibles irregularidades presentadas en un contrato celebrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, abrió investigación disciplinaria contra los entonces secretario general de la Unidad de ese organismo, Juan Felipe Acosta Parra, y la subdirectora general y supervisora del bilateral, Katherin Lorena Mesa Mayorga.
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Añadió el Ministerio Público que la investigación también cobija a la representante legal de la Corporación Colombiana de Agricultura Urbana y Conservación del Ambiente (Corambiental), para la época de los hechos, Nancy Lucila Manotas Ortiz, quien suscribió el cuestionado negocio jurídico.
Investiga el ente de control posibles sobrecostos en los productos y servicios convenidos e irregularidades en la etapa precontractual y durante la ejecución de este contrato celebrado para desarrollar “actividades de formación solidaria dirigido a emprendedores incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) para fomentar la cultura emprendedora que permita la constitución de organizaciones solidarias”.
“Adicionalmente se busca establecer si Corambiental incumplió con algunas de sus obligaciones, como no contar con una cuenta bancaria desde el inicio de la ejecución del convenio lo que pudo afectar una parte de los rendimientos financieros”, agrega el reporte.
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Finalmente, la Procuraduría solicitó, entre otras pruebas, a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial.
