BOGOTÁ. Tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Emilio José Tapia Aldana fue condenado por un juez a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en los casos de Centros Poblados y Emcali.
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Tapia es señalado por “las irregularidades detectadas en el contrato que buscaba garantizar el servicio de internet a escuelas rurales en diferentes zonas del país, caso conocido como ‘Centros Poblados’; y en dos procesos contractuales que se siguieron en las Empresas Municipales de Cali (Emcali)”, detalla la Fiscalía.
El sentenciado, que se encuentra recluido en Barranquilla, aceptó en noviembre pasado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.
En medio de la audiencia ofreció excusas, se comprometió a colaborar con la justicia y a reintegrar 5.063 millones de pesos que fueron apropiados ilegalmente.
“Hasta el momento ha restituido 2.532 millones de pesos, a través de ocho títulos judiciales. El 50 % restante lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos que deberá presentar en abril y octubre de 2025. Por ahora, el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín (Antioquia)”, indicó el ente acusador.
Por efecto de la condena, Emilio Tapia continuará privado de la libertad en la Penitenciaría de El Bosque, en Barranquilla.
Caso Centros Poblados
Centros Poblados es el nombre del entramado de corrupción que estalló una vez se descubrió que Tapia, cabeza del escándalo, desvió los dineros destinados a un contrato que debía llevar internet a zonas de la periferia colombiana.
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Esto se logró gracias a la utilización de documentación falsa y terminó salpicando a varios funcionarios del gobierno de Iván Duque.
El contrato, adjudicado por el Ministerio de las TIC, superaba el billón de pesos, sin embargo, este se suspendió una vez se supo que las empresas contratadas no contaban con las capacidades para ejecutar las obras.
“En octubre de 2020, al enterarse de una licitación pública que abría el MinTic para un contrato de un billón de pesos, con el objeto de dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos de país, Emilio Tapia se concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual”, explica la Fiscalía.
Terminó siendo beneficiado con la adjudicación del contrato sin tener las garantías bancarias.
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“Posteriormente, gestionó y entregó tres pólizas bancarias falsas y así recibir un anticipo, del cual a Tapia Aldana le correspondieron 5.063 millones de pesos que destinó para la compra de obras de arte y vehículos, y diferentes gastos personales como préstamos y el pago de honorarios a abogados”, agrega el ente.
El fallo fiscal
A finales de octubre pasado, la Contraloría estableció que los responsables del caso Centros Poblados deberán pagar $87.027 millones al Estado.
En el contrato, el 1043 de 2020, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, según la Contraloría, se materializó un incumplimiento de la entrega total de equipos para la culminación del proyecto, “situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia”.
Agrega la entidad que el fallo se dio luego de que se probara que hubo “una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna”, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
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Por esto, señala la Contraloría, que se determinó fallar con responsabilidad en contra de las firmas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que en calidad de contratistas no ejecutaron el contrato en los términos pactados.
En esta situación no se le halló responsabilidad a Adriana Meza, en su calidad de representante legal delegada del Funtic, ni a Sandra Orjuela, en su calidad de subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC, así como a Camilo Alberto Jiménez Santofimio, como supervisor del contrato.
Los responsables fiscales en el fallo fueron los miembros de la UT Centros Poblados, Novotic, ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Omega Building, Luis Fernando Duque, PE2020 C Digitales, PMO Solycom, Eurocontrol, Telemediciones y Juan Carlos Cáceres Bayona.
Fallo disciplinario
En septiembre pasado, la Procuraduría archivó la investigación contra la ex ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo de los Centros Poblados.
El Ministerio Público concluyó que la exfuncionaria no era la supervisora de la licitación para llevar internet a escuelas en zonas rurales.
“Declarar la terminación de la actuación a favor de la doctora Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, ministra MinTic para la fecha de los hechos investigados, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente, acorde con lo expuesto en la parte motiva de este proveído”, se lee en la decisión.
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Tampoco, agrega el documento, se demostró responsabilidad directa de Abudinen porque se “concluyó que las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias para la exministra”.
Y concluyó el ente de control disciplinario que “de acuerdo con el artículo 90 del Código Disciplinario Único, el proceso se puede archivar cuando se comprueba que el hecho atribuido no existió o no hay elementos que demuestren la responsabilidad del investigado”.
Caso Emcali
Meses después de Centros Poblados, en febrero de 2021, se creó un consorcio con empresas dominadas por Emilio Tapia con el propósito de quedarse con dos contratos ofertados por las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para la construcción de las obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, ubicada entre Buga y Loboguerrero (Valle del Cauca), por 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente.
“En el proceso falsificó las pólizas que garantizaba el cupo de crédito por el 30 % de cada uno de los contratos. De esta manera, hizo incurrir en error a funcionarios de Emcali que emitieron avales administrativos para suscribir los citados contratos”, indica la Fiscalía.
