Otro duro golpe recibió el presidente Gustavo Petro con respecto a la investigación por parte del Centro Nacional Electoral por, presuntamente, haber violado los topes de financiación de su campaña en 2022.
Leer también: Avanza la reforma a la salud, entre reparos de agremiaciones
La defensa del mandatario había solicitado anular la decisión del Consejo de Estado del pasado 6 de agosto de 2024, que le otorgaba la competencia al CNE para continuar con el proceso de investigación. Sin embargo, el alto tribunal, tras realizar los respectivos análisis, concluyó que la acción de tutela interpuesta no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, pues esta no muestra que la decisión fuera arbitraria o que afectara los derechos fundamentales del presidente.
“... La decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado estableció que el Consejo Nacional Electoral es competente para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a la campaña presidencial 2022, pero, no señaló en manera alguna que dicho órgano se encontrara facultado para sancionar la conducta específica de violación de los topes máximos de financiación de la campaña, por ser una irregularidad frente a la cual opera el fuero de juzgamiento”, se lee en la decisión del Consejo de Estado.
El propio presidente respondió ante la decisión, asegurando que: “El año entrante tendremos el golpe parlamentario. Buscaré impedirlo para tranquilidad de la sociedad. Si sobreviene el pueblo debe estar listo a defender el voto popular”.
Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, que suman 3.709.361.342 pesos (unos 878.000 dólares)”.
Importante: ¿Cómo quedó la reforma del transfuguismo en la primera vuelta?
Esos aportes los hizo la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO), ni de gastos por concepto de pago a testigos electorales y de propaganda, entre otros.
