En la noche de este lunes 9 de diciembre se conoció que la Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud de retiro voluntario de la EPS Sura del sistema de salud colombiano, la cual fue presentada el pasado 28 de mayo del 2024.
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La Supersalud acordó con EPS Sura continuar trabajando en mesas técnicas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a todos sus usuarios en territorio colombiano.
Además se estableció la definición de un cronograma que establece compromisos conjuntos orientados al fortalecimiento de la atención para la población usuaria.
El organismo de vigilancia y control indicó que habría un riesgo en el proceso de recepción y transferencia de los más de 5,4 millones de usuarios de la Entidad Prestadora de Salud.
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La Supersalud indicó además que mantendrá “un monitoreo estricto y permanente del cumplimiento de cada uno de los acuerdos, con el objetivo de velar por un acceso oportuno y digno a los servicios de salud, garantizando que la EPS cumpla con su responsabilidad a través de su red de atención médica y especializada”.
Sura, advierte el ente de control, deberá continuar prestando servicios de calidad a la ciudadanía y fortalecer sus operaciones para garantizar su sostenibilidad y eficacia dentro del sistema de salud.
La petición realizada por EPS Sura el pasado mes de mayo, que incluía “un programa de desmonte progresivo”, se dio por su insostenibilidad financiera, según lo expresado por Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana.
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Llano explicó que a través de dicho mecanismo jurídico buscan adelantar un retiro “ordenado” y que permita el traslado de sus usuarios a otras EPS para seguir recibiendo atención médica oportuna.
“Se trata de una decisión que evaluamos a lo largo de los meses con rigor, responsabilidad y transparencia, con la que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS”, dijo.
En medio de sus explicaciones recalcó que “el país gasta más de lo que el sistema de salud tiene disponible para costearlo. La inadecuada financiación de nuestro sistema de salud es histórica y estructural, con un marco jurídico que otorga coberturas y servicios ilimitados, junto con un presupuesto limitado”.
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También se refirió a la necesidad de mayor financiación debido al aumento en la longevidad de las personas, el perfil epidemiológico de la población, el uso de nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades y el aumento en el consumo de salud.
“Los presupuestos máximos establecidos para lo que no está incluido en el Plan de Beneficios en Salud, tampoco son suficientes y agravan la situación, por las deudas acumuladas por este concepto en los últimos años. Sumado a lo anterior, esta coyuntura se agudizó por el traslado masivo de usuarios hacia las EPS que continúan”, comentó.
De esta manera ilustró que “el sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica que compromete su sostenibilidad”.