La información sobre la presunta existencia de 20.000 cadáveres sin identificar en el aeropuerto de Bogotá, señalada en observaciones preliminares tras la visita a Colombia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, fue recibida de “distintas fuentes” oficiales, explicó a EFE uno de los participantes en la visita.
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En entrevista por videoconferencia para EFE con el fin de aclarar la polémica suscitada por la cuestión, Juan Pablo Albán Alencastro, quien realizó la visita a Colombia junto con la también miembro del comité Carmen Rosa Villa Quintana, subrayó que esa información fue recibida en reuniones con autoridades y organizaciones.
“No podíamos dudar de la información reiterada de las fuentes que entrevistamos y que nos dijeron que hay restos en lugares donde no deberían estar, incluido el aeropuerto de Bogotá”, explicó Albán, quien ejerce como relator del comité de diez expertos.
En una nota aclaratoria también publicada este domingo por el comité, éste indicó que en sus informes y recomendaciones “se sigue una estricta metodología” basada en “observaciones o información corroborada y recibida de fuentes creíbles”.
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El miembro del comité aclaró que, siguiendo esa metodología, recibieron información sobre la existencia de cadáveres, en diferentes lugares, incluyendo el aeropuerto de Bogotá, este último no visitado por ellos.
Señaló también que fueron llevados por el Estado colombiano a lugares donde vieron bolsas de cadáveres “apiladas en lugares que no son para el mantenimiento y preservación de cuerpos sin identificar”.
Por otro lado, “la propia Comisión de la Verdad en Colombia da cuenta de que hay más de 25.000 cuerpos sin identificar que se encuentran diseminados en distintas partes del territorio porque no hay una infraestructura adecuada”, subrayó.
Nuevas informaciones a tener en cuenta
Agregó que el comité ha tomado nota del hecho de que la Procuraduría General (Ministerio Público) envió a raíz de la polémica un equipo a inspeccionar las instalaciones del aeropuerto y, tras un recorrido por los 27 hangares, manifestó que no se hallaron restos humanos en ninguno de ellos.
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“No podemos dudar de la palabra del Estado colombiano”, señaló, e indicó que esos nuevos datos seguramente serán tenidos en cuenta en el informe definitivo sobre la visita a Colombia, que se presentará en abril del próximo año.
Ante la controversia suscitada, ya que diversas autoridades colombianas rechazaron el informe y pidieron aclaraciones, Albán señaló que “tras conocer cuál es la metodología que nosotros aplicamos entenderán por qué hicimos el planteamiento que hicimos y cómo vamos a tratar más adelante con este asunto”.
Subrayó, además, de que el día anterior a la rueda de prensa del 5 de diciembre en la que se presentó la cuestión que ha generado polémica, ésta ya se mencionó en una reunión privada con representantes de instituciones del Estado en la que “ninguno de los presentes cuestionó los hallazgos”.
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“La actitud del Estado colombiano en general fue muy constructiva y autocrítica, reconociendo que hay problemas serios como la falta de claridad en las cifras (de desaparecidos) o la impunidad existente”, señaló.
Desescalada
Albán aseguró que las críticas de los Estados a las informaciones de órganos internacionales como el Comité son “gajes del oficio” y agregó que ahora es necesario “desescalar la situación, porque lo constructivo es que el comité y Colombia trabajen de la mano junto a las demás entidades de la ONU y de cooperación internacional”.
“Nos preocupa que en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana la cuestión se diluya en ese punto de nuestro comunicado, sin tomar en cuenta otros hallazgos que son muy graves”, afirmó.
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Albán aludió en ese sentido a otros hallazgos, como el hecho de que no haya un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas, por lo que las cifras totales comunicadas al comité oscilen enormemente, entre las 98.000 y las 200.000.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia hay más de 111.000 desaparecidos antes de 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, una cifra que no refleja las posteriores desapariciones.
