Por su presunta participación en el caso de corrupción en la Ungrd con la compra de los carrotanques en La Guajira, y otros hechos que enlodaron a la entidad, la Fiscalía pidió que la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, tenga medida de aseguramiento en centro carcelario.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, ante el Juzgado 3 de Control de Garantías de Bogotá, presentó varias pruebas que vincularían a la exfuncionaria con el entramado de corrupción en la entidad y con su presunta participación en la entrega de 3 mil millones de pesos al entonces presidente de la Cámara, Iván Name.
“La Fiscalía concurre a esta segunda audiencia preliminar concentrada con el propósito de solicitarle a la jurisdicción la imposición de medida cautelar de detención preventiva privativa de la libertad en establecimiento de reclusión contra la imputada Sandra Liliana Ortiz Nova” le dijo la fiscal del caso a la juez.
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Frente a su presunta participación, el ente acusador señaló: “En Bogotá, en septiembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por $60 mil millones a favor del también copartidario suyo Iván Name (entonces presidente del Senado), por un valor superior a los $10 mil millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz”.
En ese sentido advirtió que “debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecido a Name a una suma en efectivo de $3 mil millones, y a Calle de $1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la Ungrd, que Olmedo López entregaría”.
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Por todo esto, la Fiscalía pidió “delimitar el marco jurídico de la petición, requisitos formales, cumplimiento de fines constitucionales, examen de suficiencia de la medida para la detención preventiva y el juicio de proporcionalidad”.
De aceptarse la solicitud de la Fiscalía, Sandra Ortiz se convertiría en la primera salpicada en el caso de corrupción que esté en un centro carcelario. Como se sabe, Olmedo López, ex director de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, subdirector, firmaron un preacuerdo con el ente acusador.
Sin embargo, la audiencia se tuvo que aplazar por problemas técnicos, ya que la juez, que estaba de manera virtual, no tenía conectividad. La diligencia se reprogramó de manera presencial para el próximo martes 3 de diciembre.
