BOGOTÁ. La ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, no aceptó este viernes los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias imputados por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, ante el Juzgado 3 de Control de Garantías de Bogotá.
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“En Bogotá, en septiembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por $60 mil millones a favor del también copartidario suyo Iván Name (entonces presidente del Senado), por un valor superior a los $10 mil millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz.
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Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecido a Name a una suma en efectivo de $3 mil millones, y a Calle de $1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la Ungrd, que Olmedo López entregaría”, advirtió la delegada del ente acusador.
Agregó el organismo de investigación penal que Ortiz “valiéndose de su posición prevalente en la Rama Ejecutiva, ejerció influencias indebidas, producto de su importante cargo sobre el director de la Ungrd, entidad funcionalmente dependiente del Dapre, influencias con las cuales usted transgredió los parámetros de comportamiento que le exigían anteponer el interés general por el particular”.
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Y concluye Patiño que con los delitos de tráfico de influencias en calidad de coautora y el de lavado de activos como autora, la pena partiría de 10 años de cárcel, y le recordó que puede aceptar los punibles para obtener una rebaja en una eventual sentencia de demostrarse su culpabilidad.
