Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, asegura este martes 19 de noviembre que no cometió ninguno de los delitos que la Fiscalía General de la Nación le imputará en medio de la investigación por el escándalo de corrupción de la Ungrd.
De acuerdo con el ente acusador, la exfuncionaria es presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La audiencia se realizará el próximo viernes 29 de noviembre
“La Fiscalía me ha citado a una diligencia de imputación inflada con el claro propósito de coaccionarme, evidenciando un manejo mediático de este caso. Es inaceptable que se me catalogue como “el eslabón más débil” y que se utilice mi condición de mujer para atacarme sin pruebas reales. Este caso se ha convertido en un show mediático, basado en cinco versiones distintas de dos delincuentes confesos. Cuento con las pruebas necesarias para demostrar que no he cometido ninguno de los delitos que se me imputan”, recriminó Ortiz en su cuenta de X.
Renglón seguido, exigió respeto por sus derechos y garantías.
“Confío en la justicia, en la verdad y en el debido proceso. Hasta ahora, he guardado silencio por respeto a las investigaciones, pero esta situación ha llegado al límite de lo absurdo”, consideró.
Además, solicitó que la diligencia se realice de manera presencial y no virtual, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y la transparencia del procedimiento.
El caso
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.
Entre los señalados figura el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con el exdirector de la UNGRD Olmedo López para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 20,7 millones de dólares).
Según la investigación, los dos funcionarios supuestamente buscaban beneficiar a cinco congresistas y a un exrepresentante a la Cámara, que también están siendo investigados en este caso, a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
También, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia colombiana los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Este escándalo también salpica a Carlos Ramón González, que renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cercano al presidente colombiano, Gustavo Petro.
Los implicados en el entramado habrían malversado 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
