Viejas heridas abiertas por el andamiaje paramilitar en Colombia volvieron abrirse esta semana luego de que el Gobierno de Gustavo Petro desginara como gestores de paz a 18 exaltos mandos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La impopular medida, defendida tibiamente por el oficialismo, ha causado malestar en diferentes sectores políticos del país y en agremiaciones de víctimas, que en medio de sus miedos apenas obvios, se han atrevido a expresar su indignación por las tareas humanitarias que se la han otorgado a sus otroras verdugos.
La designación, de acuerdo con la resolución publicada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, será en un principio por seis meses para “que contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción”. En este sentido, el documento explica que los cobijados tendrán actividades “desarrolladas en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de gestión que se suscriba en cada caso con el Consejero Comisionado de Paz”.
Sin embargo, aclara que el reconocimiento como gestores de paz “no modifica su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigentes, o su régimen de libertad, ni conlleva beneficios judiciales”.
Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar, Jorge 40; Diego Fernando Murillo, Don Berna; Carlos Mario Jiménez, Macaco, y Hernán Giraldo Serna, considerado el mayor violador de mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta, son algunos de los miembros de la plana mayor de las AUC que fueron escogidos para cumplir con labores de paz; sin embargo, estos mismos hombres en mención han incumplido sus procesos en Justicia y Paz en ocasiones anteriores, generando hechos de revictimización y dolor en diferentes puntos del país manchado por la sangre que derramaron los paras.
“Cuando decidimos escoger gestor de paz, para finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la corte constitucional quiso que se diera en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición; no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico. Solo hemos dado una condición a unas personas que han sido determinantes del paramilitarismo y pueden ayudar a cerrar el proceso iniciado en el periodo del gobierno de Uribe”, argumentó Petro.
“En esto, la verdad y la reparación genuina de las víctimas es fundamental, dado que en el proceso institucional, se perdieron muchos inmuebles, y aun falta espacios de verdad. Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición, está dispuesto a resarcir las víctimas”, agregó el mandatario.
Víctimas, sin esperanza
La designación de gestores de paz que el presidente Gustavo Petro le hizo a varios exjefes paramilitares no ha caído bien en buena parte de la sociedad colombiana, en especial en las víctimas.
Una de esas voces de rechazo proviene del exgobernador del departamento de Córdoba, Orlando Benítez Mora, a quien no le cabe en la cabeza que el ordenador del crimen de su padre, el entonces diputado Orlando Benítez Palencia, de una hermana y del conductor, sea ahora gestor de paz.
Se refiere a Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, señalado autor material de ese hecho de sangre registrado el 10 de abril del año 2005 en el sur de Córdoba, en momentos en los que en el país se desarrollaban los diálogos entre el Gobierno Nacional y los jefes paramilitares en Santafé de Ralito, Tierralta.
A través de su cuenta de X el exgobernador liberal dijo: “El enfoque de paz actual induce a pensar más en victimarios que en víctimas. Qué ironía, manda un mensaje contrario a la sociedad. Aun muchos esperamos la verdad, la justicia, la reparación y el real compromiso de no repetición”.
Agregó que los nuevos nombramientos de Gustavo Petro demuestran que “para ser gestor de paz en este gobierno el requisito primordial pareciera ser el haber liderado la guerra”.
Por su parte el médico y defensor de Derechos Humanos del departamento de Sucre, Juan David Díaz Chamorro, a quien las extintas AUC en asocio con la clase política de Sucre le asesinaron a su padre, el entonces alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, también rechazó tales designaciones e hizo unos reparos.
“Que no les siga quedando grande la designación de gestores de paz a los exjefes paramilitares. La verdad es que como víctima puedo decir que no me alegra, que no me crea expectativas y mucho menos esperanzas de que ellos nos digan la verdad. Y lo digo porque ellos durante 15 años no lo hicieron y sin embargo, algunos de estos se dedicaron a perseguirnos, estigmatizarnos, intentar asesinarnos porque como víctimas exigimos el derecho a la verdad y a la justicia. Esperamos que en esta segunda oportunidad, ya sin la excusa de la extradición, de las amenazas y con todas las garantías que les está dando el Gobierno Nacional, de una vez por todas digan la verdad de lo ocurrido con nuestros familiares”, manifestó.
Críticas de la defensora
Iris Marín, defensora del Pueblo, consideró que aunque “parece positivo” que los jefes paramilitares “contribuyan a finalizar las guerras que subsisten en Colombia porque tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad”, la decisión del Gobierno deja dudas.
“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, cuestionó la funcionaria.
Renglón seguido, le exigió a los exjefes paramilitares reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en “que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están ayudando, sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial”.
“Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy”, concluyó.
