Varios ministros del presidente Gustavo Petro estarían presuntamente implicados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
La emisora Blu Radio, citando el documento de llamado a indagatoria de varios congresistas en la Corte Suprema de Justicia, emitido en días recientes, afirma que el alto tribunal “detalla reuniones, llamadas y visitas al Ministerio de Hacienda, evidenciando con claridad la posible implicación de varios ministros en actos de corrupción”.
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Las 78 páginas del documento mencionado demostrarían, según el reporte, que varios ministros del gabinete habrían “comprado” el favor de los congresistas investigados, por medio del ofrecimiento del manejo de tres contratos de mitigación de la Ungrd por $700 mil millones.
La Sala de Instrucción, se lee, analizó 59 elementos materiales probatorios, entre certificaciones, videos de cámaras de seguridad, actas de reuniones y archivos hallados en teléfonos celulares y computadores y más de 11 declaraciones de testigos.
“Los altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro mencionados en la investigación de la Corte Suprema de Justicia son: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, quienes según la Corte, durante el último trimestre de 2023, sostuvieron reuniones y conocieron o tomaron decisiones muy controvertidas para destrabar el trámite de proyectos y solicitudes del Gobierno que permanecían estancadas en el Congreso de la República”.
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También son mencionados en el reporte la ex asesora principal del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo, asesor de la jefatura de despacho de la Presidencia, quienes habrían tenido contacto con los ex directivos de la Ungrd imputados, Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Los tres proyectos en mención fueron adjudicados en Cotorra, Córdoba; El Salado, Carmen de Bolívar y Saravena, Arauca.
Y concluye el informe que el testimonio del director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, quien al parecer dejó de asistir a las sesiones de la Comisión Interparlamentaria a partir de noviembre de 2023, por solicitud directa del ministro de Hacienda “para no exacerbar los ánimos o generar reacciones que podrían servir de pretexto para romper el ‘quorum’”.
El documento citado es a través del cual la Corte abrió investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista, que serán citados a diligencia de indagatoria, por la supuesta comisión del delito de cohecho impropio, al hallarse “presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso de la República, así como con presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la Ungrd”.
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Se trata los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, senadora cordobesa del Partido Conservador; Wadith Alberto Manzur Imbett, representante cordobés del Partido Conservador; Juan Pablo Gallo Maya, senador liberal; Julián Peinado Ramírez, senador del Partido Liberal; Karen Astrith Manrique Olarte, de las curules de víctimas y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, ex representante de la Alianza Verde.
“Lo investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd. En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, explica la Sala de Instrucción.
Agrega en este sentido la Corte que en los últimos 18 días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron 14 de los 18 conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023.
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Y aclaró el alto tribunal que en la investigación preliminar abierta por el magistrado instructor también se encuentra el senador Julio Elías Chagüi Flórez, cordobés de La U, pero en su caso, la Corte consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala “corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento. Por tratarse de hechos distintos, se decidió enviar a reparto lo correspondiente al aforado Chagüi Flórez, para que, en otro radicado, se asigne un magistrado para que conozca de tales señalamientos”.
La semana pasada, la Corte Suprema también había anunciado que escuchará en indagatoria a los congresistas Iván Name, atlanticense de la Alianza Verde, y Andrés Calle, cordobés del Partido Liberal, el 25 y 27 de noviembre, respectivamente, en el marco de la investigación por el escándalo de la Ungrd.
Name y Calle fueron acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, ya que los congresistas “habrían intervenido” como “presidentes del Senado y la Cámara de Representantes” y “habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres” de la Ungrd, Sneyder Pinilla, procesado en este caso.
“Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales (de 2023)”, detalló el alto tribunal.
