Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la negativa de libertad de Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al ser designado como Gestor de Paz, distintos sectores políticos aplaudieron la decisión.
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De acuerdo con la Sala de Casación Penal, al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, “se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno Nacional”.
En este sentido, la providencia añade que la jurisprudencia constitucional ha establecido un test de proporcionalidad capaz de determinar si la medida “resulta idónea y operante por constituirse en necesaria y proporcional a los fines buscados”.
Y concluyó que si bien, la suspensión de las medidas de aseguramiento persigue una finalidad legítima (como lo es contribuir con la paz), lo cierto es que, “en asuntos transicionales, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han determinado que el propósito de lograr la paz no es ilimitado”.
“Lo anterior, pues, debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DD. HH., lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas” afirmó la Sala.
Al respecto, la representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aseveró: “La Corte Suprema de Justicia le da una lección al presidente Gustavo Petro: la impunidad no es el camino. Al negar la libertad a Salvatore Mancuso, la Corte rectifica el desastre que ha causado un gobierno que, en un acto de indignante irresponsabilidad, ha elevado a narcotraficantes, asesinos y violadores al rol de “gestores de paz”. La decisión de la Corte expone la contradicción de un presidente que clama contra la impunidad mientras concede privilegios a los mismos criminales que han devastado el país. Si en verdad la paz y la justicia importaran, no se abrirían las puertas de la institucionalidad a quienes solo han traído dolor y destrucción a Colombia”.
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A su vez, el ex candidato presidencial Enrique Gómez, de Salvación Nacional, expuso: “Enhorabuena por la decisión de La Corte Suprema de Justicia que negó la libertad del paramilitar Salvatore Mancuso y puso en duda su nombramiento como gestor de paz: “es un beneficio excesivo sin contraprestación de reparación y verdad para las víctimas”. También advierte la Corte que las “medidas de paz” no pueden otorgar beneficios sin límites y respetar los derechos de las víctimas”.
Y el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, manifestó: “Otra derrota jurídica para Petro, que pretendía impunidad para Mancuso. Razones para negarle la libertad: “Al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno”.
