En respuesta a la grave situación climática que afecta a varias regiones del país, el Gobierno ha emitido este miércoles el Decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024, mediante el cual declara el estado de desastre en todo el territorio nacional por un periodo inicial de 12 meses, con posibilidad de extensión.
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La medida, firmada por el presidente Gustavo Petro y ratificada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, permite al Gobierno coordinar acciones para enfrentar los daños provocados por las intensas lluvias y prevenir posibles agravantes en Chocó, La Guajira y otros territorios que también se han visto afectados.
En este sentido, de acuerdo con lo que ha explicado el Ejecutivo, el propósito principal de esta declaratoria es responder a los efectos de la variabilidad climática que ha venido generando precipitaciones anómalas en varias regiones del país, con riesgo de intensificación en otras áreas.
Estos son algunos de los puntos que se dispusieron en el decreto:
Estructura de financiación y recursos asignados
Para gestionar la situación de desastre, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) será la entidad encargada de coordinar y supervisar la movilización de los recursos económicos y logísticos destinados a la atención de la emergencia.
De acuerdo con lo que plantea el documento, este fondo cuenta con una partida inicial de 1.7 billones de pesos, los cuales estarán destinados a apoyar a las autoridades nacionales y territoriales en las labores de prevención, mitigación, respuesta y recuperación en las zonas afectadas.
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Y es que, según lo dispuesto en el Decreto 1547 de 1984 y reafirmado en la Ley 1523 de 2012, el FNGRD se enfoca en la atención de desastres a través de una cuenta especial con independencia administrativa y financiera, lo que permite la distribución eficiente y oportuna de los recursos.
El decreto también contempla la creación de una subcuenta denominada “Subcuenta Variabilidad Climática 2024″, la cual estará destinada a mantener de forma separada los fondos asignados específicamente para la atención de esta emergencia.
La Junta Directiva del FNGRD, en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, será la encargada de distribuir estos recursos, garantizando que se destinen prioritariamente a las áreas que presenten mayor necesidad.
Plan de Acción y participación de entidades públicas y privadas
Por otro lado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) será la responsable de elaborar un Plan de Acción Específico para la rehabilitación y reconstrucción de las zonas impactadas, siguiendo los lineamientos establecidos en el decreto.
Esta entidad, según se plantea en el documento, trabajará en conjunto con las autoridades locales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), que incluyen tanto actores públicos como privados, a fin de coordinar una respuesta eficiente y efectiva.
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En virtud de este plan, se impulsarán obras de reconstrucción de viviendas, infraestructura de servicios básicos y establecimientos comerciales que hayan sufrido daños como consecuencia de los eventos climáticos recientes.
Además, el documento establece que las actividades de reconstrucción no requerirán licencias urbanísticas, con el fin de acelerar los procesos y restaurar la normalidad en las áreas afectadas de manera expedita.
Mecanismos de financiación para asegurar respuesta inmediata
Según establece el decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del FNGRD, garantizará que los recursos estén disponibles de forma continua para cubrir las necesidades que surjan durante la fase de respuesta y rehabilitación.
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Según el artículo 7, el FNGRD contará con reservas suficientes para apoyar las acciones del Plan de Acción Específico, asegurando que las entidades involucradas cuenten con financiamiento para ejecutar las actividades necesarias en cada fase de la atención de la emergencia.
Por qué se expidió el decreto
La declaración de situación de desastre responde a una previsión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la cual se concluye que la emergencia climática actual requiere una intervención a nivel nacional para mitigar el impacto de las lluvias en el bienestar y seguridad de la población.
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Con esta medida, el Gobierno busca reducir los riesgos asociados a los fenómenos climáticos y contribuir a una recuperación estructural que permita mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas.
Ahora bien, cabe aclarar que la continuidad y posible prórroga del estado de emergencia dependerán de la evolución de las condiciones climáticas y de la efectividad de las acciones implementadas.
