Por medio de un comunicado, el Grupo de Acuerdos Fundamentales, integrado por 22 organizaciones del sector salud con más de 300.000 afiliados, expresó su rechazo este jueves 7 de noviembre porque aseguran que el informe de la ponencia de la reforma a la salud presentado en la Cámara solo tiene en cuenta los puntos en los que están de acuerdo y no las diferencias, “que deben ser tenidas en cuenta en los debates en la Comisión Séptima”.
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En el escrito se destacan siete puntos sobre los cuales el grupo dice que no se incluyeron las diferencias discutidas en los debates.
El primero tiene que ver con la fijación del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que el Gobierno dice que sea competencia exclusiva del Ministerio de Salud y Protección Social; mientras que la bancada independiente propone que sea el Consejo Nacional de Salud quién defina la metodología de cálculo de este valor, así como los estudios técnicos requeridos; así mismo, que este tenga una secretaría técnica independiente.
También en lo que refiere a la gestión del riesgo en salud y del riesgo operativo, en la cual expresan que la adscripción que propone el PL 312/2024 desconoce la libre elección y la portabilidad nacional, como principios esenciales del derecho fundamental a la salud -Art. 6 de la Ley Estatutaria Salud-.
“Mientras el PL 135/24 de autoría de las instituciones médicas y de los profesionales de la salud, resalta la importancia de la existencia de un modelo de afiliación individual que garantice la representación integral del paciente a lo largo de toda la vida y de la ruta de atención. Esto incluye la atención desde el primer nivel hasta la de mediana y alta complejidad, para garantizar la continuidad del servicio. Las gestoras deben asumir la representación del usuario, el riesgo en salud y el riesgo operativo; el riesgo financiero es asignado a la ADRES en reconocimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 334 constitucional; aspectos que no están claros en la ponencia para primer debate”, se lee en el escrito.
De igual forma, hablan del la suficiencia de recursos para la sostenibilidad del sistema; de la distribución de los recursos para el modelo de atención en salud; la contratación de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud; el Régimen Laboral Especial para los Trabajadores de la Salud; y la definición de incentivos.
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“Reiteramos nuestro indeclinable compromiso con la construcción de un Sistema de Salud eficiente, justo y sostenible, que brinde acceso integral a todos los ciudadanos y que reconozca los derechos de todos los actores. Hacemos un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a todos los estamentos pertinentes a revisar con detenimiento los aspectos aquí señalados, con el fin de crear una estructura de salud que responda a las necesidades y derechos de todos los colombianos”, se lee en el comunicado.
Comunicado completo:
