El Senado enfrenta una discusión clave sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) con el propósito de ajustar la distribución de recursos entre los departamentos y municipios.
¿Por qué es importante? Este sistema es clave para financiar los servicios públicos esenciales, como educación, salud y saneamiento básico. La reforma busca garantizar una asignación más equitativa y sostenible de los recursos, atendiendo a las crecientes demandas de la población.
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Sin embargo, la reforma se discute en medio de dudas, críticas y advertencias, sobre todo por la sostenibilidad fiscal del proyecto. Este es el abecé de lo que plantea la reforma al Sistema General de Participaciones:
¿Qué es el Sistema General de Participaciones?
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico. Este sistema se alimenta de Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
¿Qué cambiaría la reforma?
El principal ajuste es que el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se transferirá a las regiones ya no será 46,5 %, sino que quedará en 39,5 %. Esto luego de que hubiera una discusión en el propio Gobierno Nacional, pues el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se oponía a la primera cifra por ser “insostenible financieramente”.
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Hoy en día, estas transferencias que llegan a los departamentos, distritos y municipios son del 25,7 %, tomando como base el presupuesto presentado por el Gobierno para el 2025.
¿Cómo se distribuirán los recursos en las regiones?
Los recursos se reparten según el número de habitantes de cada región, tal y como lo ha determinado la legislación. Sin embargo, el presidente Petro señaló que la fórmula de reparto de recursos debe privilegiar a las regiones más pobres.
¿Podría haber riesgo en la sostenibilidad fiscal del país?
De acuerdo con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, un aumento en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. “Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”.
El Ministerio del Interior aseguró que la reforma “está pensada para tener un costo fiscal cero”. Argumentó que ordena que las regiones asuman más responsabilidades de gasto, por medio de una ley que redefina las competencias de la Nación y los territorios. Es decir, más plata para las regiones, pero también más obligaciones.
El director de Fedesarrollo agregó que desde una perspectiva fiscal, este incremento en las transferencias provocaría un deterioro progresivo del balance fiscal, llevando el déficit al 6,4 % del PIB en 2036, comparado con el 3,1 % del PIB en el escenario base.
¿Qué dicen en las regiones?
En el caso del Atlántico, el gobernador Eduardo Verano quien ha sido un fuerte crítico del centralismo, celebró que se esté discutiendo esta reforma: “La distribución de los recursos que hace el centralismo aplasta el trabajo que hacemos los mandatarios de las regiones, por eso aplaudo la decisión del Gobierno de presentar un acto legislativo que busque equilibrar las finanzas de los territorios y que las funciones que se nos transfieran vayan acompañadas de recursos”, señaló.
¿Cuándo entrará en vigencia esta reforma?
El proyecto plantea que a partir del 2027 se iniciará el aumento de manera gradual en un periodo de 12 años.
