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El Gobierno recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) tras la decisión tomada ayer por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación y formular cargos a la campaña del mandatario, Gustavo Petro, por supuestamente violar los topes de su campaña.

Así lo anunció el vicecanciller, Jorge Rojas, en una rueda de prensa en la que aseguró que el martes mismo recurrieron ante esta instancia ya que la medida tomada por el CNE viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022.

El CNE consideró ayer que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.

El presidente del CNE, César Lorduy, anunció la investigación al considerar que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas.

Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral -disputada el 29 de mayo de 2022- de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), del partido Polo Democrático Alternativo y de la Unión Sindical Obrera (USO), ni de gastos por concepto de pago a testigos electorales y de propaganda, entre otros.

Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, presuntamente violó también “el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos (unos 389.541 dólares de hoy)”.

Este dinero supuestamente salió de donaciones nuevamente del partido Colombia Humana y de la USO y se presume que fue gastado en pagos de la fiesta de celebración de su elección presidencial, a testigos electorales y en transporte aéreo, entre otros