La situación humanitaria en Colombia continúa “deteriorándose” debido a las consecuencias del conflicto armado, y es que según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entre enero y mayo del 2024, comparados con los primeros cinco meses de 2023, varios indicadores sobre masacres, secuestros, desaparición, desplazamiento y reclutamiento, aumentaron de manera significativa.
Leer más: El Gobierno recurre ante la Corte IDH por la decisión del CNE de investigar al presidente Petro
El informe de la CICR advierte que en los primeros cinco meses del año se registraron 194 víctimas de diferentes tipos de artefactos explosivos, lo que significa un crecimiento del 35 % con respecto al mismo periodo de 2023. Vale destacar que el 69 % de las víctimas corresponde a civiles.
Además, reporta que 31.832 personas fueron confinadas, cifra que representa un aumento del 101 % frente al mismo periodo de 2023. Asimismo, indica que 26.753 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, un 49 % más de las que sufrieron este flagelo el año anterior en el mismo periodo.
Justamente, el informe sobre movimientos por conflictos y desastres entregado por el Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego de Refugiados (NRC), emitido el pasado mes de mayo, señaló que el número de desplazados internos por conflictos en Colombia ascendió a 5,07 millones en 2023, lo que representa un aumento del 5,6 % frente a los 4,8 millones de 2022.
Le puede interesar: Ricardo Roa descarta que deje su cargo como presidente de Ecopetrol por investigación del CNE
La investigación resalta que muchos de estos desplazamientos por el conflicto se produjeron en los departamentos de Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Precisamente, en torno a este fenómeno del desplazamiento también se desarrolla el flagelo del reclutamiento a menores. De acuerdo con un informe de la Policía Nacional entregado el pasado jueves 4 de julio, al menos 101 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por los grupos armados ilegales este año en Colombia.
La Institución alertó que 47 casos sucedieron en el departamento del Cauca, donde opera principalmente el Estado Mayor Central (EMC). También detalla que hubo cifras elevadas en los departamentos de Nariño (7), Caquetá (6) y Meta y Tolima (5).
Lea acá: “Si van a tumbarnos, vamos por el poder”: presidente Petro reitera llamado a la movilización
“La estrategia de vinculación de los grupos armados organizados para el reclutamiento ilícito de los niñas, niños y adolescentes estaría orientada a buscar menores que registran mayor deserción escolar, entornos disfuncionales, asentamientos ilegales y altos índices de pobreza”, explicó la Policía.
De acuerdo con la entidad, serían los mismos menores ya reclutados por los grupos armados los que, mediante engaños, vinculan a otros, realizando ofrecimientos económicos y hasta entregando discursos sobre la “lucha contra la desigualdad entre clases sociales”.
Sobre estos factores de violencia, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana analizó los posibles efectos del conflicto armado en la permanencia y en el rendimiento académico de los estudiantes en los territorios afectados históricamente por la guerra, basándose en la información de deserción y repitencia proveniente del Ministerio de Educación Nacional y los resultados en el puntaje global en las Pruebas Saber 11 del ICFES.
De acuerdo con el informe entregado por la LEE, Chocó, Arauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Norte de Santander, son de los departamentos del país con mayor tasa de estudiantes víctimas de desplazamiento y de niñas, niños, jóvenes y adolescentes (NNJA) afectados en hechos victimizantes durante el 2015 y 2022.
No olvide leer: “Yo creo que el CNE se equivocó”: ministro Cristo sobre investigación al presidente
La investigación resalta que la tasa de deserción promedio en 2022, en estos departamentos fue del 5,35%, lo que representa 1,26 puntos porcentuales más que la tasa de deserción promedio a nivel nacional.
Es decir, que señala que 1 de cada 19 estudiantes desertó del colegio en los departamentos de Colombia con mayor tasa de niñas, niños y adolescentes afectados por el conflicto armado.
De acuerdo con Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la U. Javeriana, el reclutamiento es uno de los factores de impacto directos en los menores, pero señaló que también existen factores indirectos como los enfrentamientos de grupos armados.
“También hay otros factores de impactos indirecto, como por ejemplo cuando hay enfrentamientos, que probablemente derivan en el cierre de los colegios, por lo cual los niños no asisten a clases. Esto produce que los profesores se vean desincentivados a ir a zonas de alta conflictividad. Y además de los desplazamientos, en donde las familias van de un territorio a otro, y esto hace que pierdan la regularidad en la asistencia a clases”, indicó Bernal.
De esta manera, según los investigadores la inestabilidad del entorno por el conflicto armado hace que el aprendizaje efectivo y el desarrollo académico de los estudiantes se vean afectado, pero no solo porque se dificulta su asistencia a las instituciones educativas sino también por la escasez de recursos y la falta de profesionales capacitados en estas zonas.
Lea además: Colombia, por primera vez, será miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Según cifras entregadas por el DANE, siete departamentos tuvieron una tasa promedio de estudiantes desplazados por el conflicto mayor o igual al 10% durante el periodo 2015-2022. Encabezando la lista se encuentra Putumayo, donde en promedio el 22,2% del total de personas en edad escolar se matriculó como víctima del conflicto. Seguidamente está Guaviare con el 21,5%; Caquetá con el 16,1%; Chocó y Arauca con el 15,5% cada uno; Antioquia con el 10,4% y Meta con el 10%.
Además, el estudio reveló el comportamiento de indicadores educativos, como la tasa de deserción (promedio) durante el mismo periodo 2015- 2022, lo que arrojó que los departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta tienen tasas del 6,4%, 6% y 4.8% respectivamente.
Ante estas cifras Bernal señala que son pocos los esfuerzos del Gobierno Nacional en comparación con el trabajo que debe realizar para garantizar la educación de los menores víctimas del conflicto. Por lo cual, emitieron una serie de recomendaciones como fomentar la creación de redes de apoyo comunitario donde las víctimas puedan compartir sus experiencias, recibir apoyo mutuo; además de fortalecer la inversión en infraestructura educativa, estrategias de nivelación académica, y acciones de seguimiento y recuperación de los estudiantes desertores.
Lea aquí: Dapre y JEP marcan hoja de ruta para la ejecución de recursos destinados al acuerdo de Paz
Alerta de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana el pasado jueves 4 de julio indicando de que los menores de edad de la zona limítrofe entre los departamentos de Huila y Cauca están “en riesgo extremo” de ser reclutados forzosamente por el Estado Mayor Central.
De acuerdo con la entidad, en los municipios de Íquira, Huila, y Páez, Cauca, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, principalmente de comunidades indígenas, afrocolombianos y campesinos, están “sufriendo la vulneración de sus derechos”.
El informe entregado por la Defensoría señala que en el municipio de Íquira se han registrado al menos seis casos de reclutamiento de menores, mientras que en Páez fueron 14 casos: cinco niños de entre 13 y 14 años, cuatro de entre 14 y 17 y del resto se desconoce su edad.
Con datos de EFE
