Este lunes 7 de octubre el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1231 de 2024 sobre el uso proporcional de la fuerza para la Policía.
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Con este nuevo decreto, también firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se modifica el decreto 1070, “por medio del cual se reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional”.
Lo que significa que los uniformados “no podrán usar medidas extremas, como la fuerza potencialmente letal, para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resultan inferiores a la vida”.
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El decreto de 18 páginas, expedido el pasado 3 de octubre, indica que aplica a “todo el personal uniformado la Policía Nacional, como titular del uso diferenciado y proporcional de la fuerza en protección de los derechos y deberes humanos, la seguridad y la convivencia ciudadana”.
“Los uniformados deben usar elementos de dotación oficial reglamentados. Los procedimientos que adopten los uniformados deben ceñirse a todas las disposiciones legales y a las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, señala el decreto.
De esta manera, los uniformados deberán actuar bajo el principio la mínima intervención posible del Estado, lo que significa que los uniformados deben priorizar medios como la “disuasión verbal, diálogo y comunicación”; y para ello, deben ser formados en estos énfasis de mediación y control.
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Además, este decreto también aplica para Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Esmad), que solo podrán “utilizar la fuerza necesaria, proporcional y racional cuando sea imprescindible para un fin legítimo de aplicación de la ley”.
Y agrega: “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no pueden usar más fuerza de la que razonablemente sea necesaria según las circunstancias para dispersar una reunión, prevenir el delito o efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o ayudar a efectuarla”.
Sin embargo, también establece que la Fuerza Pública debe actuar bajo una debido planeación.
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Finalmente, el decreto señala un plazo de 18 meses para actualizar los actos administrativos internos que vayan en contra del decreto.
