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BOGOTÁ. La procuradora Margarita Cabello advirtió este jueves que la paz no puede ser a cualquier precio. Esto tras el atentado perpetrado por el ELN el pasado martes contra la base militar de Puerto Jordán, Arauca, que dejó dos uniformados muertos y 29 más heridos.

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Por ello, la jefa del Ministerio Público, se solidarizó con la población de Arauca y respaldó a las autoridades y al Gobierno en su decisión de suspender los diálogos con dicho grupo armado.

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“Como garantes de los derechos fundamentales, seguiremos actuando con contundencia desde nuestra función en defensa de todos los colombianos. (...) La situación de la paz en el país no puede ser a cualquier costo”, dijo la jefa del ente de control.

Para el Ministerio Público, ese grupo armado desconoció todo respeto por los medios y métodos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la población civil, al ignorar la presencia de un establecimiento educativo ubicado a tan solo 1 km de lugar del atentado.

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Cabello Blanco manifestó su preocupación ante la compleja situación humanitaria y de seguridad que aqueja a a ese departamento que, según datos de las agencias de cooperación internacional, tiene 23 veredas confinadas y cerca de 5.000 personas afectadas.

“Desde agosto de 2024, cuando se suspendió el cese al fuego con el ELN, hemos asistido a una escalada de violencia terrorista en ese departamento, ataques contra la población civil y contra infraestructura estratégica de la Nación”, dijo.

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La procuradora reiteró su preocupación por la escalada terrorista que afecta los derechos humanos de las comunidades de esta zona del país, que en lo corrido del año registra 119 personas desaparecidas, 14 líderes sociales asesinados, 10 acciones armadas sólo en los meses de julio y agosto de 2024, y que se agrava con las deficiencias en la prestación del servicio público eléctrico, que se encuentra suspendido en el departamento.

“Requerimos con urgencia al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional y la fuerza pública para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los araucanos, se adelanten con celeridad las investigaciones que permitan judicializar a todos los responsables de este ataque y se realicen las labores de inteligencia necesarias para evitar que estos hechos se repitan en este departamento”, agregó la titular del Ministerio Público.

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Y advirtió a las autoridades que, con el anuncio del presidente de la República del cierre de los diálogos de paz con este grupo armado organizado al margen de la ley, se puede generar una escalada de violencia aún mayor en las zonas de influencia del ELN, por lo cual solicita que se activen todas las capacidades para prevenir y proteger a la población frente a los ataques que pueda perpetrar este grupo terrorista.

“La Procuraduría continuará monitoreando la situación de derechos humanos que acontece en este territorio y vigilando la respuesta efectiva y oportuna de las autoridades en su deber de protección y garantía de derechos de los ciudadanos”, expresó la funcionaria.