Una vez anunciadas las acciones de los entes de control, más allá de las declaraciones entregadas a medios por parte de Sneyder Pinilla, el escándalo de en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Ungrd, comenzó a dar novedades, sobre otra desaparición, pero en esta ocasión no como los dineros de la entidad, sino de material documental que no aparece en los archivos.
También fue denunciado el robo de una caja fuerte con documentos mediante un asalto en la vivienda del ex director de la Ungrd Olmedo López, señalado en el denunciado escándalo de corrupción en el que además fueron reseñados el presidente del Senado, Iván Name; el presidente de la Cámara, Andrés Calle, y la ex consejera para las Regiones Sandra Ortiz.
A la lista se suma el anuncio del ex director de la Ungrd, quien asegura que puede declarar en contra de al menos 15 congresistas más.
Si bien el colaborador estrella de la Fiscalía en el denominado caso de ‘los 40 carrotanques’, Sneyder Pinilla, ha manifestado su deseo de continuar colaborando con su testimonio, en materia probatoria se corre un gran riesgo debido a la extraña ocurrencia de robos y desaparición de documentos.
Este viernes el director de la entidad, Carlos Carrillo, admitió la pérdida de 69 cajas que no han podido ser localizadas, lo que representa un obstáculo significativo para recabar datos esenciales.
Según la Contraloría, tras revisar la documentación, se evidenció un faltante de documentos respecto a las 5.710 cajas registradas en la base de datos entregadas por el contratista. Esto ha generado preocupación ya que la información contenida en esos documentos es vital para las investigaciones en curso sobre los presuntos actos de corrupción en la Ungrd.
El comunicado de la Contraloría detalla que se recibió el oficio de referencia que informa sobre “la pérdida de acervo documental objeto de tratamiento archivístico – Contrato Interadministrativo N.º UNGRD-079-2022”.
En ese sentido, Carlos Carrillo expresó su preocupación por lo que calificó como un “desorden monumental” y señaló que se ha informado de esta situación a entes de control como la Procuraduría y la Contraloría.
“Estamos hablando de un archivo anterior a este gobierno y aquí deben caer todos”, afirmó.
Además, el ex director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López, quien había anunciado que prepara una matriz de colaboración con la cual buscaría que la Fiscalía General le diera un principio de oportunidad, fue objeto de un asalto en el interior de su vivienda.
El hecho fue dado a conocer por la defensa de López, el abogado José Moreno, quien aseguró en medios de comunicación que un grupo de hombres ingresó a la casa de su defendido y se apoderó de una caja fuerte, sustrayendo documentos vitales en el proceso.
El jurista expresó su preocupación por la gravedad del incidente, detallando que los intrusos cortaron los cables de las cámaras de seguridad, amordazaron al portero e incluso dejaron una amenaza.
Moreno señaló entonces: “Con gran preocupación queremos advertir a la opinión pública del asalto del que fue objeto la familia del señor Olmedo López, en donde se robaron documentos importantes, cortaron cables de la cámara de seguridad, amordazaron el portero e incluso le dejaron una amenaza”.
Esta no es la primera vez que López y su entorno se ven enfrentados a la violencia. Según el abogado, meses atrás, diez personas intentaron ingresar a su vivienda. Sin embargo, López ha reiterado que no guarda relación alguna con los acontecimientos que se le imputan y que su equipo legal se concentra únicamente en su defensa.
De igual manera el profesional del derecho hizo un llamado a las autoridades gubernamentales, entidades de justicia y medios de comunicación para que se evite exponer a los familiares y se abstengan de estigmatizar a los abogados.
El caso está siendo investigado por una unidad investigativa criminal designada por la defensa, así como por un grupo de investigaciones especiales. Estas entidades están analizando detenidamente las cámaras de seguridad con el fin de esclarecer los hechos.
Congresistas
Los robos se producen en momentos en que el ex subdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, se encuentra pidiendo cita para declarar en contra de al menos 15 Congresistas relacionados con el entramado de corrupción.
En sus declaraciones, Pinilla argumentó que siempre siguió órdenes de Olmedo, quien para la época fungía como su jefe directo en la entidad.
“Él me daba las órdenes y yo las cumplía. Yo todo lo que hacía era por orden de él… Nunca le pregunté por qué motivo, él simplemente daba las órdenes y yo las cumplía”, dijo Pinilla, mientras contó que le pareció confuso el acto de perdón público de López al presidente Gustavo Petro.
Pinilla dijo que no entendió la extraña iniciativa de su exjefe, pero aclaró que sus casos son separados y cada quien “responde por su pellejo”. Por su lado, advirtió que mantiene su intención de colaborar con la justicia y de contar toda la verdad. Dijo que irá “hasta el final”. “Yo no voy a echarme culpas que no son mías, voy hasta el final con la ayuda de Dios”, dijo el exfuncionario.
“Yo hablaré de lo que sé y de las órdenes que me daba, en algunas sé para qué eran, pero eso lo tendrá que responder (Olmedo), porque él era el determinador, él era quien me daba la orden y yo la cumplía”, dijo Pinilla.
En una misiva, firmada de puño y letra por el exfuncionario y su abogado, Luis Gustavo Moreno, se manifiesta que él cuenta con toda la evidencia dentro de este caso al haber hecho parte de este proceso de contratación. “Los conozco, los viví y sé exactamente quiénes participaron en los mismos”, precisa el documento.
Pinilla asegura que su colaboración no tiene nada que ver con la aprobación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía General. “Agradezco su atención y quedo atento al llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia”.
“Me dirijo a usted con la finalidad de manifestarle que es mi deseo rendir declaración por los hechos conocidos como ‘los 40 carrotanques’, ocurridos dentro de la Ungrd”, dice el documento entregado a ese tribunal.
En esta carta, el exfuncionario de la Unidad de Gestión del Riesgo dice tener clara la importancia de su testimonio en el caso que avanza contra los presidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por supuestamente recibir dinero para impulsar las reformas del Gobierno.
“Entiendo la importancia de mi testimonio para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, por eso lo ofrezco, además es mi voluntad colaborar activamente para el logro de la eficacia de la administración de justicia en esta investigación”, añadió Pinilla.
Además de los presidentes del Senado y Cámara, también ha sido relacionada Sandra Liliana Ortiz Nova, quien esta semana renunció a su cargo como alta consejera para las Regiones. Hasta el momento no ha revelado información sobre el caso y solo se ha limitado a responder que “no tiene nada que ver con las acusaciones en su contra”.
¿En qué va el caso?
Todos estos hurtos y misteriosos hechos se han registrado mientras la Fiscalía se tomaba un tiempo para definir una ruta de investigación. Sin embargo, dos días después de las declaraciones de Pinilla, todos los entes de control les metieron el acelerador a los procesos, y en la Fiscalía reasignaron la investigación. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió la responsabilidad de establecer lo dicho por López y Pinilla.
La Corte Suprema de Justicia anunció indagación preliminar contra los presidentes de Senado y Cámara, Ivan Name y Andrés Calle, respectivamente, y sigue avanzando en las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que arrancó con la compra de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación, en un corto comunicado, aseguró que abrió “investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”.
En efecto, esa revisión de la Fiscalía llegó justo un día después de que la Procuraduría General de la Nación también abriera una investigación para identificar el estado de los carrotanques.
“Frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información, respecto a la compra, por parte del Gobierno nacional, de 40 carrotanques que operarían para emergencias en el departamento de La Guajira, la Fiscalía General de la Nación aperturó investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”, dijo el ente acusador.
El Ministerio Público ordenó, además, visitar los patios en los que se encuentran los vehículos para hacer una revisión exhaustiva de la compra que le costó al Gobierno $1.170 millones por cada vehículo.
Todo este escándalo en torno a la Ungrd se produce en momentos en que varios proyectos de la entidad son sometidos a evaluación por causa de las lluvias, como en el caso de Cara ’e Gato, en La Mojana, y el suministro de agua y alimentos en las comunidades de la La Guajira.
Con la ayuda de las autoridades locales tratarán de garantizar el agua
La Procuraduría General de la Nación convocó a una mesa de trabajo interinstitucional en el Departamento de La Guajira con el fin de verificar los avances en el cumplimiento del plan de acción para garantizar el suministro de agua potable a las comunidades, especialmente al pueblo wayuú.
En esta reunión, que contó con la presencia de los operadores del servicio de acueducto del departamento, el gobernador de La Guajira, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa y los alcaldes municipales de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, se solicitó información detallada sobre las acciones adelantadas por estas entidades y la coordinación entre los proyectos ejecutados.
“Se requiere la articulación entre los proyectos ejecutados en el marco del cumplimiento de la sentencia, la ejecución del Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno de El Niño, el Plan Departamental de Agua y las demás iniciativas formuladas para garantizar el recurso hídrico a las familias del departamento”, afirmó la Procuraduría.
