En una decisión sin precedentes, el Ministerio de Salud ha emprendido acciones judiciales contra 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS), entre las que se encuentran Sanitas, Nueva EPS, Salud Total y Sura. La demanda, presentada este domingo, alega la vulneración de derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la seguridad social en salud y la prestación efectiva y oportuna de servicios médicos.
{"titulo":"Minsalud hace llamado a vacunarse ante circulación de nueva variante covid-19","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/llamado-la-vacunacion-por-nueva-variante-covid-jn1-omicron-en-colombia-1061303"}
El eje central de la denuncia radica en el incumplimiento de las llamadas 'reservas técnicas' por parte de estas EPS. Según el Ministerio de Salud, un informe de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) reveló que, al evaluar los indicadores de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversión de reserva técnica hasta septiembre de 2023, las EPS demandadas no cumplieron con esta obligatoriedad.
Las reservas técnicas, esenciales para respaldar financieramente a las EPS, se conciben como un mecanismo que debería permitir a estas entidades cumplir con sus responsabilidades respecto a la atención médica de sus afiliados.
{"titulo":"'Hemos dispuesto que la Superintendencia trascienda en el control'","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/salud-en-colombia-supersalud-ulahy-beltran-se-refiere-multas-eps-y-actualidad-del-sistema"}
Dichas reservas deben ser calculadas teniendo en cuenta diversos factores, como la proyección de la demanda de servicios de salud, costos médicos, fluctuaciones en la utilización de servicios y otros riesgos financieros.
Ana María Vesga, directora de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, reaccionó enérgicamente a la acción judicial. A través de sus redes sociales, expresó que Acemi ha propuesto la transformación de las EPS en Gestoras y ha liderado mesas técnicas para abordar la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Además, Vesga denunció que el Minsalud, en lugar de fomentar el diálogo técnico necesario, ha optado por la inacción y ahora recurre a acciones judiciales, negándole al sistema de salud el diálogo constructivo que demanda.
