La Colombia comercial que conocemos en el mundo contemporáneo, durante años, se ha venido construyendo sobre las bases de una economía mercantil de orden informal; lo cual, no ha de ser un asunto secreto para nadie. Sin embargo, los intentos por tratar de realizar ajustes que permitan una presencia estatal más omnipresente, pueden terminar ocasionando estragos que han de ser capaces de hacer sucumbir lo que mal o bien venía funcionando.
En este sentido, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por medio de la resolución No.000165 de noviembre 01 del 2023, estableció de forma obligatoria la expedición de facturas electrónicas para aquellos comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales y otros sujetos mencionados en el artículo 7 de dicha disposición normativa. Con lo cual, se busca un mayor “soporte” de las transacciones realizadas y un reemplazo de las arcaicas formalidades comerciales dominadas por el papel.
Bajo este entendido, y luego de excusar a los que tengan problemas tecnológicos para implementar el sistema -lo cual es un saludo a la bandera-; el “sofisticado sistema” plantea un régimen sancionatorio para reprochar la sustracción de emitir factura electrónica para aquellos obligados a hacerlo, siendo este de multas equivalentes al 5% de las operaciones registradas, sin superar las 950 Unidades de Valor Tributario (UVT) o en su defecto el cierre del establecimiento de comercio. Tales medidas draconianas, no nos han de causar sorpresa si nos ceñimos al contexto político que hemos de vivir bajo el régimen del Pacto histórico.
Así las cosas, si bien es cierto que este sistema ya estaba en cocción lenta, la implementación del mismo en este momento político y económico no es de las mejores noticias para dar. Los casos de funcionarios de la DIAN -que al mejor estilo de una primitiva policía secreta- concurren a establecimientos de comercio con sus carpetas amenazantes y haciendo eco de una superioridad que denota una facultad sancionatoria sin precedentes ante el desconocimiento de las disposiciones que han de ser aplicadas, son el pan de cada día para más de un comerciante en Colombia, ya sea formal o informal.
Por consiguiente, tal como fue señalado en líneas precedentes, si Colombia ha sido un país con una economía comercial de carácter informal bastante elevada y el mismo modelo económico le ha dado resultados a la luz del flujo de capital y poder adquisitivo, ¿Por qué se quiere plantear un escenario de pánico económico y de desinterés en aquellos pequeños comerciantes?; solo el tiempo dará la respuesta del cuestionamiento.
La implementación de la facturación electrónica, si bien beneficia a la DIAN por el rastreo de los movimientos que realizan los comerciantes y por la posibilidad de acceso a tentadores contribuyentes mientras una reforma tributaria se va cocinando; destruye en algún aspecto al pequeño empresario, que si está ubicado en un centro comercial debe pagar un dineral para montar la infraestructura del sistema, si es una tienda de barrio, pasará lo mismo, y si se trata de un pequeño emprendimiento tambien. Además de lo anterior, el desinterés por crear nueva empresa, por innovar en planes comerciales y por promover el consumo, tambien se verá afectado ante la presión de una entidad que ya de por si tiene fama fantasmagórica entre la población general.
JOSE DAVID VARGAS TUÑON
